En la resolución de la Delegación de la Junta, a la que ha tenido acceso Europa Press, se explica que a mediados de julio se recibió un escrito del Grupo Municipal del PSOE alertando de diversas irregularidades en la contratación de dicha persona como bibliotecaria, pese a que la plaza no figura en la plantilla presupuestaria ni en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

También argumentaban los socialistas que "el proceso de selección seguido adolece del respeto a los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad", agregando que debido al Plan de Ajuste al que está sometido la Corporación, tiene "prohibición expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de contratar personal, a no ser que sea para cubrir servicios básicos y previo informe del Ministerio".

En la contestación requerida por la Junta al Ayuntamiento, que firma el alcalde, se explica que "el recurso a la oferta genérica es una forma ágil de selección de personal para contrataciones laborales de escasa duración, si bien esa forma de contratación puede ser mejorada para garantizar los principios constitucionales de acceso al empleo público".

Reconoce en su escrito el alcalde que "la plaza no figura en la plantilla ni en la RPT", aunque "la contratación ha sido realizada" y se le ha dotado presupuestariamente. Agrega el regidor andalucista que "desconocemos o no nos consta la prohibición expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de contratar personal".

Entre la documentación aportada con el expediente, destaca que en la oferta al SAE de 2016 "solamente se le solicita el envío de un candidato por puesto".

"NO SE COMPRENDE LA EXISTENCIA DEL PUESTO"

Así las cosas, la Junta indica en su resolución que "no se comprende la existencia del puesto de trabajo, aunque se pretenda justificar diciendo que 'no se trata de cubrir un puesto de carácter estructural, sino que se trata de atender una necesidad temporal' y que el mismo no exista en la plantilla presupuestaria ni en la RPT, pero que está dotado presupuestariamente".

También considera "evidente" la Administración andaluza que se ha "infringido lo dispuesto por el artículo 91.2 de la Ley de Bases del Régimen Local", que establece que la selección de todo el personal debe realizarse por procedimientos "en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad".

Al respecto, ha apuntado que "no ha existido ningún proceso selectivo ni concurrencia de candidatos, sino que se ha acudido a la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo y se le ha solicitado que enviara solamente a un candidato".

Por ello, la Junta requiere al Ayuntamiento que en el plazo máximo de un mes proceda a anular el nombramiento de esta persona para prestar servicios temporales en la Biblioteca municipal.

"ENCHUFISMO INADMISIBLE"

Por su parte, el Grupo Socialista de Villamartín ha emitido un comunicado en el que tacha de "inadmisible" este caso de "enchufismo", aseverando que el alcalde "ha creado un puesto inexistente para poder enchufar a su excompañera de gobierno".

Al respecto, han explicado que la beneficiada por dicho contrato fue concejal de Personal en el año 2011 y "le cortó la cabeza a todo trabajador eventual y fijo laboral que le era molesto". En este punto, ha recordado que esos despidos "se hicieron de manera improcedente", derivando en diferentes juicios laborales "perdidos todos por el Ayuntamiento", lo que "costó al pueblo más de 100.000 euros".

En su opinión, "si ya es lamentable que se tengan tratos de favor hacia personas afines al PA, más lo es que los contratos eventuales en el Ayuntamiento tengan una media de un mes de contrato", siendo "intolerable" que a esta persona se le haya "intentado dar más de tres meses de contrato".

Los socialistas han incidido en que se trata de un hecho "gravísimo" y "peligroso", pues "ningún partido tiene derecho a utilizar las instituciones como instrumentos para conseguir sus metas, y eso lo ha hecho el PA con el Ayuntamiento de Villamartín".

El PSOE ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía garantizando que continuarán con su labor desde la oposición de "velar y salvaguardar los intereses de los villamartinenses". En este sentido, ha comentado que seguirán reclamando "que se constituya la Mesa de Control y Seguimiento de las Contrataciones aprobada en Pleno desde 2013 y que, a día de hoy, no se ha puesto en marcha".

Cabe señalar que el contrato de la exedil andalucista como bibliotecaria comenzó en junio y tenía vigencia hasta el 31 de septiembre, si bien ya se ha hecho efectiva la anulación del contrato requerida por la Junta de Andalucía.