Este último tipo de instalación se revisa desde hace tres años en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, cuya entrada en vigor fue el 11 de diciembre de 2013. La nueva normativa incluye, igualmente, la inspección en piscinas unifamiliares, piscinas deportivas y spas.

Los tipos de piscinas que contempla el Real Decreto se clasifican en función de su uso y actividad. Así, en el apartado de 'piscinas públicas' se encuentran, de un lado las del tipo 1, que corresponde a las piscinas públicas de ocio, parques acuáticos o spas; y el tipo 2 que son las que están en hoteles, alojamientos turísticos, camping o las terapéuticas en centros sanitarios.

El apartado de 'piscinas privadas' engloba a las ubicadas en comunidades de propietarios de más de 20 viviendas, en casas rurales o de agroturismo y en colegios mayores, entre otras. Según el Real Decreto, los titulares de la piscina, incluidas las comunidades de propietarios de 20 o más viviendas, deberán comunicar su apertura a la autoridad competente antes de entrar en funcionamiento tras las obras de construcción o modificación.

Las actuaciones de la Administración sanitaria comprenden comprobar que el proyecto y construcción de piscina cumpla con la normativa vigente y supervisar el control de productos químicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso de piscina.

Asimismo, los inspectores deben controlar que el personal para el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones de las piscinas públicas tengan el título que les capacite para el desempeño de esa actividad; así como que los resultados analíticos presentado por los responsables de las piscinas cumplan con los criterios de calidad del agua y del aire establecidos en la normativa.