Así lo han indicado fuentes de la conselleria de Igualdad, después de que la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) haya denunciado que los enfermos mentales tutelados por la Generalitat -unos 1.500- están "desamparados" porque "no han cobrado ni una sola mensualidad en todo el año 2016".
Desde el departamento que dirige Mónica Oltra han puntualizado que con el antiguo gobierno del PP se procedía al pago de las prestaciones vía subvención mediante un concurso que encontraba "los reparos" de la Abogacía de la Generalitat porque "no tenía en cuenta la concurrencia competitiva". De esta manera, han señalado que "muchas familias quedaban fuera de las ayudas porque al Gobierno antiguo sólo destinaba fondos a sus tutelados".
Por ello, han destacado que desde la Dirección General de Diversidad Funcional, que ya ha abonado estas prestaciones en el caso de 235 personas con enfermedad mental, ha introducido un cambio en el sistema de pagos a los centros en los que residen estas personas, lo que supone que "estas transferencias dejan de tener la categoría de subvención, lo que implicaba que se pagaran a través del FLA y que el cobro en dos plazos anuales".
De este modo, con la modificación las personas con enfermedad mental cobrarán a través de una prestación vinculada al servicio (PVS), que servirá para sufragar sus estancias en residencias privadas ya que desde conselleria han criticado que "la desatención del anterior Consell a este colectivo se tradujo en una falta total de plazas públicas".
PLAZAS DE SALUD MENTAL
En un año, la Generalitat ha creado un total de 120 plazas de salud mental en un centro construido desde 2007 pero que "permanecía cerrado por falta de fondos". Sin embargo, señalan que el objetivo es "incrementar esa cifra a lo largo de la legislatura".
Igualmente, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "se trabaja en la creación de un plan integral de atención de salud mental, inserto en un espacio sociosanitario que promueva un cuidado basado en la autonomía del paciente con el objetivo de equilibrar la asimetría existente en el derecho de acceso entre el sistema sanitario público y el sistema público de servicios sociales", han subrayado las mismas fuentes.
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