En esta línea, los especialistas proponen que la Generalitat inicie un programa de ayudas o becas para fomentar la preparación de oposiciones para permitir que puedan dedicarse a este objetivo las personas que, con mejores currículos académicos, carezcan de los necesarios recursos económicos para destinar varios meses o años de su vida a esa ocupación no retribuida.

Estas son algunas de las propuestas lanzadas por los expertos, que han presentado este miércoles sus conclusiones al presidente de la Generalitat, que ha anunciado que el Consell impulsará una nueva Ley de Función Pública Valenciana que refuerce y modernice la Administración y permita avanzar hacia una mayor profesionalización y eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Acompañado por la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha recogido más de un centenar de recomendaciones y ha señalado que a partir de ellas se abrirá un "gran debate social" que culminará previsiblemente el próximo año en las Corts y que conducirá a la nueva Ley de Función Pública Valenciana.

"Es necesario absolutamente que la Administración valenciana se ponga a punto porque tenemos problemas graves", ha aseverado Puig, quien se ha referido al envejecimiento del sector público o a la interinidad. "Y existe un problema que es sustancial al propio funcionamiento del autogobierno de los valencianos, porque tenemos menos funcionarios por habitante para ejercer nuestras competencias que cualquier otra comunidad autónoma", ha denunciado.

Ha explicado que la reforma no afectará solo a la Administración General de la Generalitat, sino también al sector instrumental, para "huir de los viejos chiringuitos del pasado".

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha resaltado que los informes elaborados por las dos comisiones de expertos "abren el camino para la construcción de un nuevo modelo de función pública y sentarán las bases para la construcción de una Administración moderna, transparente, eficaz y eficiente".

Bravo también ha anunciado que, durante el próximo mes de octubre, el Consell organizará unas jornadas para la presentación y debate de los informes que han elaborado los expertos. "Queremos abrir un diálogo social porque queremos que esta sea ley de todos", ha indicado.

MÁS DE CIEN RECOMENDACIONES

La primera de las comisiones ha formulado 125 recomendaciones para que la futura norma se convierta en motor de una profunda renovación de la administración valenciana, en un extenso informe que ha presentado el catedrático Miguel Sánchez Morón.

A esas propuestas hay que sumar la batería de modificaciones que propone la segunda comisión de especialistas, que ha analizado la reforma de la ley desde una perspectiva de género para asegurar la efectiva igualdad de acceso, condiciones laborales y promoción profesional de mujeres y hombres en la Administración valenciana. Su presidenta, la constitucionalista Julia Sevilla, ha explicado también al 'president' las líneas maestras de su informe.

La comisión presidida por Sánchez Morón apuesta por hacer de los principios de igualdad, mérito y capacidad la base del acceso a la función pública y el posterior progreso en la carrera administrativa del personal funcionario, pero siempre con la necesaria flexibilidad en la ordenación y gestión del sistema de empleo público para hacerlo eficiente.

Por lo que se refiere al personal funcionario interino, la futura ley debería actualizarse y, en lo que atañe a su selección mediante bolsas vinculadas a las ofertas de empleo público, especificar que solo estarán abiertas a personas que hayan aprobado al menos alguna de las pruebas del procedimiento selectivo correspondiente.

Dado la alta tasa de interinidad que presenta la administración valenciana, los expertos aconsejan algún procedimiento de consolidación de empleo temporal de larga duración que deberá ir precedido de un plan estratégico de recursos humanos.

Como una de las apuestas más destacadas, el informe propone que la futura ley incluya la figura del directivo público profesionalLa estructura de la Función Pública de la Generalitat. La comisión propone también limitar el recurso excesivo a las fórmulas de comisión de servicios y adscripción provisional.

Además, los expertos cuestionan la actual configuración de los méritos a tener en cuenta en los concursos de traslado, en especial de la antigüedad, porque consideran discutible que el simple transcurso del tiempo deba o pueda ser ponderado como un auténtico mérito, por lo que recomiendan cambiar el concepto de 'antigüedad' por el de 'experiencia profesional en el servicio'.

CARRERA PROFESIONAL

Los expertos creen que la actual regulación de la 'carrera horizontal' ha desvirtuado casi por completo ese modelo de carrera y los efectos innovadores y de estímulo para las plantillas que debería tener y "es un simple mecanismo para elevar las retribuciones de los funcionarios con un nuevo complemento ligado a la antigüedad".

Así, propone que se reoriente el modelo, tanto en lo que se refiere a la carrera vertical, generalizando y aplicando los concursos ordinarios o específicos para la provisión de puestos de trabajo, como en lo que atañe a la carrera horizontal, vinculándola efectivamente a la evaluación del desempeño de los funcionarios.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Una medida novedosa incluida en el informe de los expertos para combatir la corrupción en el ámbito público consiste en establecer un régimen legal de protección de los empleados públicos que denuncien casos de esa naturaleza al igual que se ha hecho ya en otros ordenamientos.

Al respecto, la garantía mínima es proteger la identidad de la persona que realiza una denuncia o alerta de una irregularidad, tanto para evitar que su actuación se divulgue públicamente como para ofrecerle confianza de que no sufrirá ningún tipo de represalias por parte de la administración o de sus superiores.

IGUALDAD REAL

Por su parte, la comisión experta en materia de igualdad que preside Julia Sevilla, presidenta honoraria de la Red Feminista de Derecho Constitucional, ha concluido que "el volumen de preceptos que deben ser objeto de reforma y, en algunos casos, la intensidad en su modificación permiten recomendar la elaboración de un nuevo texto legal que derogue el vigente" porque "su mera reforma sería completamente insuficiente para garantizar la igualdad efectiva de mujeres y hombres".

Su informe concluye que más de cien preceptos deben ser reformados si quieren cumplir con la perspectiva de género, una obligación exigida tanto por el Estatuto de Autonomía como las leyes de igualdad estatal y autonómica.

En particular, el documento muestra que la ley vigente incumple los artículos 44, en materia formativa, y 45, sobre promoción interna, de la propia regulación valenciana en materia de Igualdad. El informe también enuncia las propuestas de actuación para alinear el futuro texto legal con los mandatos de la legislación estatal y autonómica en materia de igualdad efectiva y aborda la composición equilibrada de órganos ejecutivos, la conciliación por la corresponsabilidad o la protección de víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones.