Tras insistir, en un comunicado recogido por Europa Press, en su petición de anulación de las reválidas "por los efectos perjudiciales que pueden tener en el alumno y por el descrédito que éstas suponen hacia el profesorado", UGT apunta al escenario establecido en la Lomce, "ley que el parlamento aprobó con los únicos votos del PP".

La "imposición" de un nuevo modelo del sistema universitario y nuevos pactos con universidades privadas y públicas cuando "la Universidad pública está en una situación crítica con respecto a las matriculaciones de alumnos y los Grados Superiores de Formación Profesional están en riesgo de ser asumidos por las universidades privadas" son otros de los aspectos abordados por el sindicato.

"Desde UGT reiteraremos la defensa del carácter eminentemente público de la educación como única manera de garantizar el acceso al conocimiento y corregir las discriminaciones de origen", asegura antes de insistir en su oposición a la "mercantilización" de la enseñanza y en sus reivindicaciones para recuperar los derechos que los trabajadores de educación "han perdido desde el año 2012".

Es por ello que UGT ha solicitado a la Consejería de Educación negociaciones "a la mayor brevedad posible" para mejorar las condiciones laborales del profesorado y para abordar la Oferta de Empleo Público "para evitar la inestabilidad laboral y la alta tasa de interinidad, así como la inestabilidad de los centros educativos, la precariedad en los contratos laborales y la inquietud que todo esto genera en nuestros futuros opositores".

Asimismo, ha pedido la revisión de los horarios del profesorado, sus retribuciones "y todo aquello que afecta a la conciliación de la vida laboral y familiar, máxime en la comunidad de Castilla y León que presenta una población envejecida, una baja natalidad y una disminución muy importante del alumnado en general y del alumnado en infantil y primaria en especial, donde se penaliza en muchas ocasiones la maternidad".