Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde palmeño, quien ha agradecido la "buena disposición" del subdelegado para tratar este asunto, que conlleva que "determinados operadores, fundamentalmente de Valencia, compran y se llevan la fruta" de fincas cordobesas, a las que "traen sus trabajadores", que suelen ser inmigrantes, a los que, en su mayor parte, "no dan de alta", a los que pagan "en mano" y "por debajo" de lo que establece el convenio colectivo del campo, a través de "intermediarios".

El problema, según ha señalado Ruiz Almenara, es que estas prácticas, no solo se vienen repitiendo en los últimos años, sino que "van a más" y, por eso, a pesar de que a la recolección de la naranja "aún le falta un mes o mes y medio para que empiece", entre los trabajadores locales "los nervios están a flor de piel", pues "temen que les ocurra lo que en años anteriores, que se queden sin trabajo" en la próxima campaña, ante las prácticas de estos operadores foráneos que, de esta forma, "ganan muchísimo dinero".

Ello también preocupa a los empresarios locales, que son los que acompañarán al alcalde palmeño en su reunión con el subdelegado, pues este tipo de prácticas también les perjudica, ya que inciden en el precio de las naranjas, a la baja, cuando ellos, a través de una organización de productores, "están comprometidos con el territorio" y sí que cumplen con la normativa laboral y el convenio del campo en la contratación de jornaleros para la recolección y también de trabajadores temporales para los almacenes, "dando mucho trabajo, sobre todo entre la población autóctona".

Por eso, para reforzar este sistema acorde con la normativa y evitar el empleo irregular de jornaleros, según ha subrayado el alcalde de Palma, "se hace necesarias medidas coercitivas contra las malas prácticas" de determinados agricultores y empresarios, lo cual pasa por un refuerzo en la acción de la Inspección de Trabajo, para así "solucionar problemas y que no se generen otros".

En paralelo y "canalizando para ello las ayudas que ya existen, desde la Unión Europea (UE), el Gobierno central y el autonómico, lo que debe hacerse es incentivar las buenas prácticas" de los agricultores y empresarios que sí cumplen con la normativa, según ha concluido.