En un comunicado, el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha asegurado que el pasado mes de abril los populares ya denunciaron que el "Plan B" de la Junta de Andalucía para la justicia sevillana estaba diseñado para "evitar cumplir con su obligación, que no es otra que la construcción de la Ciudad de la Justicia".

Bueno ha indicado que la Junta no sólo no ejerce su competencia para solucionar los "gravisimos problemas" de la justicia en la provincia, sino que "se dedica a crear más y peores problemas como así ha sido en el caso de su propuesta para trasladar los juzgados de Violencia de Género de la Buhaira al Prado de San Sebastián", un lugar que para el presidente popular tiene menos espacio, "en contra de los propios jueces y sindicatos y sin garantizar la intimidad de las familias afectadas".

"Es inadmisible que además lleven a cabo este traslado con el argumento del ahorro de 300.000 euros", ha apuntado Bueno, señalando que la justicia sevillana lo que necesita son inversiones. "Lo que tiene que hacer De Llera es ejecutar los presupuestado y subir las inversiones en las infraestructuras judiciales de la provincia", ha añadido.

El dirigente ha recordado al consejero que del Plan de Infraestructuras Judiciales proyectado por la Junta entre 2002 y 2009, "sólo ha ejecutado 12 de los casi 228 millones de euros asignados para 18 actuaciones de la provincia", el cinco por ciento. "Y lo peor es que desde 2009 no se ha aprobado ni puesto en marcha ni un nuevo plan de infraestructuras judiciales en la provincia", ha apelado.

"Que el consejero de Justicia utilice el argumento del ahorro para justificar este traslado es una burla a los sevillanos y, lo peor, un desprecio a las víctimas de violencia de género que, por culpa de la política de parcheo de la Junta, podrían verse en la situación de cruzarse en el pasillo con sus agresores", ha manifestado.

Finalmente, Juan Bueno ha solicitado a De Llera que "rectifique de manera urgente" la decisión de trasladar los juzgados por suponer un "grave riesgo" para las víctimas de violencia de género y sus familias.