El Principado articula dos convenios con el Ministerio de Justicia

  • El Gobierno asturiano ha autorizado la firma de dos convenios con el Ministerio de Justicia, relativos a la asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual y a la modernización de las sedes judiciales.
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez
EUROPA PRESS
El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha presentado ambos acuerdos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El primero de ellos, el relativo a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, regulará el sistema de representación de las comunidades autónomas en el consejo asesor de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Este órgano de carácter consultivo encargado de prestar apoyo a las víctimas cuenta con la participación de las autonomías, la administración general del Estado, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía General. Las comunidades autónomas tendrán tres representantes elegidos cada año y uno de ellos ocupará la vicepresidencia del consejo, cuya creación viene recogida en un real decreto que establece un marco asistencial mínimo, gratuito y confidencial en todo el país.

En segundo lugar, el Principado ha aprobado la firma de un segundo convenio con el Ministerio de Justicia para transferir a Asturias 169.800 euros para avanzar en el proceso de comunicaciones digitales de juzgados y sedes judiciales. La partida supone un "ligero incremento" con respecto a los 147.000 euros consignados en 2015, aunque Martínez lo considera "insuficiente", al entender que se necesitarían entre tres y cuatro millones de euros.

Los fondos recibidos en 2015 del Ministerio de Justicia permitieron adquirir 33 equipos de videoconferencia, 37 ordenadores, 107 monitores, 37 impresoras y 15 escáneres de última generación.

El Gobierno autonómico pretende completar este año la renovación del equipamiento tecnológico de las sedes judiciales con la instalación de dobles pantallas a todo el personal, incluidos jueces, fiscales y letrados, y mejoras en los sistemas de digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal.

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