García Alba ha detectado incluso diferencias de trato, con casos en los que se asesora "de forma exquisita" a los solicitantes y otros en los que simplemente se dan los impresos para rellenar o se niega el registro.

"No llega a entenderse este modo de proceder en las oficinas comarcales, con distintos procedimientos en cada una. Pero esta situación es más grave, si se da además en la misma oficina, y dependiendo de quién sea el solicitante, recibiendo diferente trato, dando a entender que no existe por parte de la Administración rigor en los procedimientos", ha señalado en un escrito que dirige a la consejera del ramo, María Jesús Álvarez.

Así, tras criticar la corta duración del plazo para hacer las solicitudes ha dicho que en lo referente a la exigencia de presentar un plan empresarial, en algunos casos se ha apoyado a los solicitantes en la realización de los mismos, mientras que en otros caso "se les ha transmitido la necesidad de acudir a empresas privadas para la realización de dicha gestión".

Desde UCA-UPA piden mecanismos de proporcionalidad para este tipo de ayudas y piden a la Administración que defina "de forma clara" si su prioridad es transmitir seguridad jurídica a los administrados o si, por el contrario, prefiere un sector "envejecido, desmotivado y endeudado".