El Consejo de Estado francés, la máxima instancia administrativa gala, invalidó este viernes el decreto municipal de la localidad de Villeneuve Loubet, en la Costa Azul, que prohíbe en sus playas el burkini y toda prenda que "no se ajuste a las buenas costumbres y el laicismo".

Su decisión era muy esperada en Francia por la posibilidad de que siente jurisprudencia en la treintena de municipios, incluidos Cannes o Niza, que desde principios de agosto han aprobado decretos similares.

"Esperamos que sea el final de una polémica, una polémica esencialmente política", indicó a la salida de la audiencia Patrice Spinosi, abogado de la Liga de Derechos Humanos (LDH), que había recurrido esa norma municipal.

El polémico burkini, es el bañador islámico que cubre completamente el cuerpo de la mujer, y que para algunos sectores en Francia es una prenda de baño que altera el orden público.

En un comunicado, el Consejo de Estado ha afirmado que aunque el alcalde tiene como labor conciliar la seguridad con el respeto de las libertades de los habitantes, en el caso de la localidad "no hay elementos que permitan deducir riesgos del orden público como resultado de la ropa de baño de ciertas personas".

"En ausencia de tales riesgos, el alcalde no podía adoptar una medida prohibiendo el acceso a la playa y al baño", ha añadido el Consejo de Estado, suspendiendo con ello la prohibición municipal, que no mencionaba explícitamente el conocido como burkini.

El abogado de la LDH, Patrice Spinosi, ha subrayado que "el Consejo de Estado ha considerado que había una prohibición de portar signos religiosos y que esta prohibición no estaba justificada".

En declaraciones a la prensa, ha resaltado que con su decisión, "el Consejo de Estado defiende las libertades fundamentales, limita los poderes de los alcaldes cuando atentan contra estas libertades y cuando estos ataques son injustificados".

El abogado ha reconocido que aunque hay "un contexto particular" por los atentados vividos en el país, en particular el de Niza del pasado julio, el máximo órgano judicial ha considerado que no era "suficiente" sino que hacían falta "elementos precisos y detallados" de una amenaza. "Se puede limitar una libertad en el momento en que se puede justificar que hay una razón de hacerlo", ha sostenido.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha aplaudido la decisión del Consejo de Estado y ha señalado que tales medidas "son discriminatorias y degradantes para las mujeres y niñas musulmanas".

"Anular una prohibición totalmente discriminatoria y alimentada por prejuicios e intolerancia es un verdadero hito", declaró John Dalhuisen, director de AI para Europa.

"Las autoridades francesas deben dejar de pretender que esas medidas hacen realmente algo para proteger los derechos de las mujeres", añadió.

El director de la organización no gubernamental para Europa señaló que tales medidas "son ofensivas y discriminatorias y restringen las elecciones de las mujeres, al tiempo que son un ataque a las libertades de expresión y religión".