Vedri defiende la "impecable" adjudicación de La Rambleta, pide comparecer ante el juez y anuncia un recurso

  • El empresario José Adolfo Vedri ha insistido en su inocencia tras conocer el auto del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el que se le imputan delitos de prevaricación y cohecho a propósito de la adjudicación de la gestión de La Rambleta, ha reiterado su petición de comparecer ante el juez para defenderse de "los infundios, falsedades y especulaciones que se han vertido sobre él y sus socios con respecto a la adjudicación" y ha anunciado que recurrirá el auto "puesto que en él mismo ya se hace notar la ausencia de indicio alguno de delito".

En un comunicado, ha indicado que en este auto del juzgado tras el levantamiento parcial del sumario que afecta a esta pieza separada, la E, sobre prevaricación y cohecho del caso Taula, que forma parte de la pieza principal de Imelsa, el juzgado "tan solo refiere como prueba las conversaciones mantenidas por la ex concejala de Cultura de Valencia, María José Alcón, y el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se menciona al empresario".

Vedri ha incidido en que "ni él

ninguno de sus socios tuvieron conocimiento de nada de lo que en las conversaciones de estas dos personas se habla" y nunca "por ninguna persona, partido o entidad se les ha solicitado pago, comisión o dadiva, y jamás se ha pagado cantidad alguna o realizado contraprestación de ningún tipo en todo el proceso de adjudicación y gestión de La Rambleta".

Ha recordado que el Ayuntamiento de Valencia convocó en 2005 un concurso público para la concesión de obra pública del Centro Cultural de La Rambleta, por un plazo de 20 años sin prórroga, y la empresa Ámbito Gestión Cultural S.L, de la que Vedri formaba parte, se presentó al concurso en Unión Temporal de Empresas junto con otras dos empresas: Construcciones y Estudios S.A. y Ruzafa Show SL.

También optaron al concurso las empresas Servicios y Contratas Prieto S.A e Ismos Comunicación y Cultura S.L., por un lado, y Ocide Actividades Concesionales S.L. y Tornaveu Gestió Integral en Cultural y Espectacles, por otro. Estas últimas quedaron descalificadas por no cumplir los requisitos del concurso, ha indicado.

El concurso se resolvió el 13 de julio de 2006 con los procedimientos legales habituales y "el procedimiento fue transparente y público". De hecho, en su escrito al juzgado, el empresario afirmó, y vuelve a reiterar, que en estos años "Rambleta ha estado al margen de cualquier asunto político, siendo además prácticamente nula la colaboración, en ámbitos culturales, que se ha

tenido por parte de las autoridades municipales".

José Adolfo Vedri señala que, "pese a todo, la empresa ha cumplido con su programa cultural realizando más de 800 actividades al año y gestionando la concesión de forma que hoy en día es referente a nivel nacional" y "se reitera en el grave perjuicio patrimonial y reputacional que se está causando al proyecto cultural Rambleta y en la necesidad de la apertura del secreto de las actuaciones de forma inmediata para ponerse a disposición del juzgado instructor y aclarar cuantas dudas puedan tener sobre los hechos objeto de investigación".

SIN VÍNCULO CON LA FINANCIACIÓN

Vedri ha reafirmado que no ha participado "jamás" en financiación de partido alguno, que no conoce a ninguno de los concejales del Ayuntamiento de Valencia, ni a la ex alcaldesa Rita Barberá, con la que asegura sólo compartió el acto institucional de la colocación de la primera piedra de La Rambleta, y que no participó en reunión alguna con la ex concejala Alcón durante esas fechas.

"En el propio auto y sus anexos hechos públicos la UCO señala que no hay indicios de pago alguno y se declara la transparencia y legalidad del proceso de adjudicación, tal como también ha afirmado ante el juez uno de los implicados en las conversaciones", han indicado las mismas fuentes.

Por todo ello, este mismo martes ha vuelto a solicitar al juzgado declarar voluntariamente de manera urgente y que el asunto sea sobreseído. El empresario está vehiculando su defensa a través del despacho Domingo Monforte, por medio de su penalista Daniel Sada conjuntamente con el despacho del letrado Andrés Zapata.

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