La viuda de 83 años amenazada de desalojo por no pagar las rentas de alquiler de la vivienda de Los Remedios que compartía junto a su esposo, fallecido hace días a los 90 años, se encuentra satisfecha del acuerdo alcanzado con la Empresa de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), para que ella, su hija y sus dos nietos habiten un inmueble protegido mediante un "alquiler social", según ha dicho a Europa Press Fernando Osuna, del despacho de abogados que representa a estas personas.

"Gracias a este acuerdo, al menos están todos juntos y arropados", ha dicho Fernando Osuna, quien expone que esta anciana y su hija atraviesan una situación "delicada", más aún tras la reciente muerte del esposo de la anciana. "Están satisfechos", ha incidido augurando que la vivienda protegida les será entregada, previsiblemente, "en la primera semana de septiembre".

Así, Fernando Osuna ha aplaudido el resultado del encuentro celebrado este martes entre los abogados de esta familia y los representantes de Emvisesa. La idea del encuentro no era otra que lograr una solución para estas personas, después de que el pasado 28 de julio fuese aplazada un mes la orden de desalojo que pesaba sobre la mencionada vivienda de Los Remedios.

A tal efecto, el bufete de abogados apostaba por negociar con Emvisesa "una vivienda protegida" para la anciana o que la Administración local asumiese "un porcentaje" del alquiler del nuevo hogar de esta mujer.

Finalmente, y "de acuerdo" con los servicios sociales comunitarios, Emvisesa facilitará a la anciana, su hija y los nietos de la primera, mediante el correspondiente "informe de excepcionalidad", un alquiler social en una vivienda propiedad de Emvisesa y "adecuada a las necesidades" del núcleo familiar.

Los plazos para que se haga efectivo el acuerdo están pendientes de que se culminen los trámites y se aporte toda la documentación por parte de la familia y sus abogados. Esta información se ha trasladado también a la propiedad del piso de Los Remedios, en cumplimiento del acuerdo que permitió la paralización del desalojo durante un mes propiciado por la Oficina de Vivienda.