La Comisión Europea (CE) aclaró este martes que no sancionará "de forma automática" a España el 15 de octubre, fecha en la que los Estados miembros deben presentar sus proyectos presupuestarios para 2017, ya que aún quedan otros pasos previstos en el procedimiento por déficit excesivo.

El miedo a dicha multa llega después de que la CE cancelase la sanción por incumplimiento de déficit a España a cambio de un ajuste estructural del 0,5% en 2017. La estrategia para lograr esa cifra, que supone unos 10.000 millones de euros, debería definirse tras formar Gobierno y elaborar un presupuesto, algo que se complicaría de programarse nuevas elecciones.

Por ello, diversas fuentes del Gobierno en funciones advirtieron la posibilidad de una multa inminente en octubre de no tener elaborada una estrategia de reducción del déficit.

Sin embargo, la decisión comunitaria lleva más tiempo. La CE deberá antes evaluar el presupuesto, en caso de que lo hubiera, y comprobar si España ha tomado "acciones efectivas" para reducir su déficit excesivo.

A partir de ahí, con la evaluación de las previsiones económicas que se publican en otoño, se debe valorar "si lleva el procedimiento más lejos", indicaron fuentes europeas.

Sobre la suspensión parcial de los compromisos de los fondos estructurales para 2017, no habrá ninguna decisión hasta que se produzca el diálogo estructurado con el Parlamento Europeo (PE), que la CE espera para la primera semana de septiembre.

Las autoridades españolas tienen que presentar medidas que se ajusten a la nueva senda fiscal propuesta por la CE, que pide a España que reduzca su déficit desde el 5,1% del PIB actual (con la ayuda a la banca) al 4,6% del PIB en 2016, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.

La incertidumbre sobre la formación de un nuevo Gobierno ha generado especulación sobre la posibilidad de que España no pueda presentar estas medidas y tenga que prolongar el presupuesto actual, de manera que la CE decida pasar al siguiente paso previsto en el procedimiento.

Dicho paso, advirtieron fuentes gubernamentales, podría desembocar en una multa mayor de la que la CE ha decidido cancelar. Según datos publicados por El Mundo, la sanción se elevaría desde el 0,2% del PIB (2.000 millones de euros) hasta el 0,5% (5.000 millones).

No obstante, las fuentes consultadas en Bruselas han aclarado que "la decisión no tendrá lugar el 15 de octubre", ya que el procedimiento requiere más tiempo.

De momento, el Consejo debe aprobar la recomendación de la CE de no multar a España.

La decisión quedará aprobada el 8 de agosto de forma automática si antes no existe una mayoría cualificada de socios comunitarios que se opongan a la medida, aunque todo apunta a que los Estados aceptarán la recomendación del Ejecutivo comunitario.

El Consejo también debe adoptar la nueva senda fiscal que, según la CE, debe hacerse para el 12 de septiembre.

Antes de una hipotética intensificación de las sanciones, el procedimiento establece que la CE debe adoptar una nueva recomendación sobre la aplicación de medidas por parte de España, que también debe pasar por el Consejo.