De esta cantidad abonada, 550.785 euros se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados, mientras que los procuradores han recibido un total de 40.333 euros, según ha especificado la Junta de Andalucía en una nota.

La Consejería de Justicia e Interior considera que la justicia gratuita es un "compromiso irrenunciable y prioritario" para el Gobierno andaluz, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo para garantizar los derechos de toda la ciudadanía, en este caso de las personas "que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica".

La Junta financia los gastos que genera el turno de oficio, la defensa y representación gratuita, la asistencia letrada al detenido en turno de guardia y los gastos de funcionamiento de los colegios por su prestación, así como los que genera la representación que realizan los procuradores. La asistencia jurídica gratuita la prestan actualmente en Andalucía más de 9.000 profesionales, entre abogados (7.000) y procuradores (2.000).

El titular del departamento, Emilio de Llera, "siempre ha valorado el esfuerzo, implicación y profesionalidad de los abogados y procuradores en la prestación de un servicio eficaz y de calidad a la ciudadanía, a la vez que ha elogiado el clima de diálogo y acuerdo con los consejos andaluces de estos colegios profesionales para garantizar su prestación".