A través de un comunicado, Jiménez señala que la decisión del Ayuntamiento de "impedir" a la fábrica de cementos la planta de valorización de residuos "pone en evidente riesgo los 300 puestos de trabajo que genera dicha fábrica".

Así, recuerda que todo ello viene como consecuencia de que en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se haya aprobado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que "en la práctica impide a la fábrica de cementos de Alcalá su iniciativa de instalar una planta de valorización de residuos no peligrosos para la generación de combustible alternativo".

Para Manuel Jiménez, "es un gran error del Ayuntamiento que tendrá consecuencias para esta industria y para todas las empresas auxiliares que dependen de cementos de Alcalá". Asegura que esta decisión puede suponer un "grave perjuicio" a la viabilidad de la empresa y a sus puestos de trabajo.

Por ello, ha anunciado que comenzará una ronda de contactos a principios de septiembre con los distintos grupos políticos para que se busque una solución. Así, en caso de no llegar a un acuerdo, afirma que se iniciarán "las acciones de movilización que sean necesarias".