En un comunicado, la presidenta, Maura Hillen, ha calificado la modificación aprobada por el Parlamento andaluz como un "gran paso adelante" que proporciona "beneficios reales" y que es, según ha remarcado, "resultado de nueve años de trabajo por parte de nuestra asociación".

"Casi todos nuestros socios podrán eventualmente obtener luz, agua y papeles para sus hogares, por lo que agradecemos mucho el sentido común y consenso de nuestros políticos en esta gran labor que beneficia a los ciudadanos", ha trasladado Hillen.

En esta línea, ha señalado que el "cambio demuestra lo que puede lograrse con la ayuda de los partidos políticos por medio de la cooperación y de esfuerzos coordinados regionales y nacionales por parte de asociaciones bien organizadas utilizando el consejo de los expertos para proponer medidas reales y alcanzables a nuestros legisladores" y ha hecho alusión a la contribución del abogado de AUAN, Gerardo Vázquez.

Hillen ha explicado que, con la entrada en vigor de esta nueva ley en agosto, cada vivienda en Andalucía terminada después de 1975 necesitará una declaración de asimilación al régimen de fuera de ordinación (DAFO) o una licencia de primera ocupación para poder considerarse conforme con la leyes urbanísticas. "Ello proporcionará evidentes ventajas en cuanto a la seguridad jurídica para futuros compradores de estas viviendas", ha apuntillado.

Por último, y tras remarcar que no se trata de "una amnistía", ha recordado que estas viviendas necesitan cumplir con varios requisitos administrativos y físicos, "todo al coste del dueño por supuesto", y ha apuntado que permite a miles de viviendas de "salir de un limbo jurídico y ayudar a poner fin a la angustia de miles de compradores de buena fe que adquirieron estas viviendas en el pasado".