Según han informado fuentes de la Benemérita se investiga a varias academias de formación de cursos para las obtención del carnet de manipulación de productos fitosanitarios (sulfatos y pesticidas, entre otros).

La operación, denominada 'FITO' ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada y con el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León

La operación se inició el pasado mes de enero a raíz de la información y colaboración facilitada por el Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, en la que se ponía de manifiesto presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de Fitosanitarios para la obtención del carnet

Fruto de la colaboración entre la Guardia Civil y La Junta de Castilla y León tras el minucioso estudio de la documentación se desarrolló de manera coordinada una investigación e inspección de varios de los cursos que se desarrollaban.

Los investigados hacían correr el rumor entre los agricultores de que toda persona que tratase con productos fitosanitarios tanto de modo particular para autoconsumo o profesional para la venta de productos debían de obtener un carnet de manipulador de productos fitosanitarios ya que podía ser requerido por el Seprona en las inspecciones que realiza en el campo.

Según la vigente legislación, ha recordado la Guardia Civil, el carnet solo es necesario cuando se va hacer un uso profesional o de venta, y dicho documento ha de ser presentado en las tiendas del sector pudiendo adquirir una mayor cantidad de producto a menor precio por tener menos IVA.

CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE Y PRÁCTICA

Las investigaciones pudieron constatar que varias empresas ofertaban estos cursos de formación compuestos por una primera fase 'on-line' con una carga lectiva de 16 horas y una segunda fase práctica con nueve horas.

Posteriormente, se detectó que en la fase del curso 'on-line' se hacía un uso masivo de las mismas direcciones IP por múltiples alumnos y además en unos tiempos muy reducidos, lo que hizo sospechar que eran realizados por robots informáticos o por un mismo usuario que al conocer las respuestas contestaba las preguntas en el mínimo tiempo posible sin tiempo para leer el contenido ni analizar las preguntas.

Igualmente, la Guardia Civil en colaboración con inspectores de la Junta de Castilla y León detectó "múltiples irregularidades" en la fase presencial de los cursos, que se desarrollaban en diferentes sedes de la comarca del Bierzo.

En algunos casos, han explicado las mismas fuentes, no se impartía la fase teórico-practica que debe incluir el examen sobre los elementos a utilizar en la manipulación de productos fitosanitarios.

Otras veces, los certificados de superación del curso estaban expedidos antes de llevar a cabo los exámenes finales que evaluaban los conocimientos adquiridos.

Asimismo, el examen se realizaba para grupos de más de 50 personas con un único profesor presente, en condiciones de masificación por lo que se facilitaba que los alumnos pudieran copiar. Incluso, han señalado, en el caso de que el alumno tuviera problema para comprender las preguntas, los profesores "rellenaban, marcaban o señalaban las respuestas".

Cabe destacar que algunos alumnos manifestaban no saber su propia dirección de correo electrónico necesario para la fase 'on-line', e incluso desconocían la existencia de esta modalidad. Otros, afirmaron ignorar "totalmente" el uso de las nuevas tecnologías y en especial de la informática y de Internet y varios de los alumnos presentes en el momento del examen no sabían ni leer ni escribir.

Durante la inspección se intervinieron baterías de 126 preguntas de las cuales 33 estaban remarcadas y coincidían con las 33 preguntas tipo test del examen final.

Asimismo, han añadido que que la mayoría de estas personas que realizaban los cursos no necesitaría el carné de aplicador, ya que no se trata de usuarios profesionales, si no de personas que utilizan los productos fitosanitarios para sus huertas de autoconsumo.

La operación ha sido coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ponferrada (León), además se ha contado con la colaboración de los técnicos en Sanidad y Producción Vegetal del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y Xunta de Galicia.