Podemos dice que Valcárcel y Cerdá diseñaron "el entramado" de la desaladora de Escombreras por intereses urbanísticos

  • Podemos concluye que el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el exconsejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, diseñaron "el entramado" de la desaladora de Escombreras debido a intereses urbanísticos.
PRESENTACIÓN ESTUDIO DESALADORA PODEMOS
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PODEMOS

El grupo parlamentario ha elaborado un informe de unas 20 páginas en el que se recoge las conclusiones a las que han llegado después de escuchar a todos los comparecientes que han pasado por la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras.

El diputado Antonio Urbina ha asegurado que fue en 2005 cuando se decidió construir la desaladora debido a la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura para aportar agua para nuevos desarrollos urbanísticos.

Tal y como apunta es entonces cuando surge la idea de Valcárcel, Cerdá y de Amalio Garrido, gerente del EPA y que también participaba en la empresa desaladora de Escombreras.

A su parecer, Valcárcel y Cerdá participaron "en el diseño de un entramado cuyo objetivo es evitar la convocatoria pública para la construcción de la desaladora, que debía suministrar agua al Ente Público del Agua".

Esa agua se pensaba emplear en los futuros desarrollos urbanísticos de 26 ayuntamientos "evitando así los informes de la Confederación Hidrográfica del Segura".

Además de eso, señalan que se "esquivan" mecanismos habituales y que se evita también acudir a los servicios jurídicos de la intervención general para que supervise el proceso.

"Se acude a empresas privadas que hacen informes privados y se da apariencia de legal a algo ya viciado", asegura Urbina.

"Hay indicios de responsabilidad penal y contable porque los contratos son leoninos, muy asimétricos y gravosos para las arcas públicas", comenta el parlamentario que destaca contratos con obligaciones que implican sobrecostes y que tendrían defectos de forma.

"Estos contratos han de ser estudiados a fondo para poder ser denunciados", añade.

Entre estos contratos apunta a la carta aval que el Ente Público del Agua entrega a Banesto que "obliga a la Comunidad a asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos".

Podemos pide que los servicios jurídicos de la Comunidad estudien "en profundidad" los contratos de arrendamiento financiero, así como los de operación y mantenimiento que vincularían a la sociedad Desaladora de Escombreras con las empresas privadas Hydromanagement y Tedagua.

"Tras este estudio deberían emitir un informe relativo a las posibilidades de denuncia y declaración de invalidez de dichos contratos por abusivos y por falta de reciprocidad", dice.

En cuanto al valor de la infraestructura, Urbina asegura que la intervención podría detallar las cantidades que ha pagado la Comunidad por la desaladora a Hydromanagement y Tedagua.

Insiste en que todo apunta que "lo ya pagado supera el valor inicial de la planta desaladora", una cifra cuyo valor contable sitúa en los 108 millones de euros.

"La desaladora ya está pagada y hay que reforzar la posición como Comunidad Autónoma", señala.

Por otro lado, muestra que la capacidad de la planta de 22 hectómetros cúbicos "nunca ha estado al cien por cien" y solicita que se ponga en funcionamiento de manera "rentable y que sea visible".

Para ello advierte que habría que estudiar los costes de desalar el agua y que si se "descargan" las obligaciones financieras, la planta "podría funcionar y podrá poner agua para uso agrícola".

En cuanto a las obligaciones políticas, considera que "como mínimo" debería haber una "reprimenda política seria" a los excargos, pero que ha de ser la comisión la que dictamine que no se ha actuado correctamente y sobre la responsabilidad contable, le parece "importante" que la Comunidad entregase un aval para solicitar un crédito para dos empresas privadas y que de los convenios que se pensaban firmar con los 26 ayuntamientos, solo los suscribieran finalmente dos.

"Se asumía ya que la Comunidad iba a tener que pagar ese dinero", informa.

Por último, han detallado que han puesto a disposición del resto de los grupos este informe para valorarlo en la próxima reunión de la comisión, fijada para la vuelta del verano, donde se determinarán las conclusiones conjuntas de la comisión de investigación.

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