El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento ha pedido a sus servicios jurídicos estudiar si la respuesta del Ministerio del Interior ante la orden de cese de actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) podría implicar responsabilidades penales: "Hay que ver si la desatención de órdenes puede tener algún tipo de responsabilidad penal".

Tras una reunión con miembros del Govern, el Parlament y entidades para abordar el asunto y escenificar su unidad de acción contra el CIE, Asens ha explicado que el consistorio ya ha pedido a los juzgados la autorización para inspeccionar el centro y comprobar si vuelve a tener internos.

Asens ha especificado que estas autorizaciones suelen tramitarse pronto, por lo que previsiblemente recibirán la respuesta en los próximos días.

El Ayuntamiento ha pedido esta autorización judicial después de haber enviado en dos ocasiones a inspectores al CIE sin que se les permitiera el acceso al centro, que reabrió hace dos semanas tras ocho meses en obras y pese a la orden de cese de actividad emitida por el Ayuntamiento por no contar con la licencia adecuada ni con las medidas de seguridad necesarias.

El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Parlament y entidades se han reunido este lunes en el consistorio de la capital catalana constituyendo un frente común y apostando por la unidad de acción para exigir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.

El CIE reabrió hace dos semanas tras ocho meses de obras y pese a una orden de cese de actividad del Ayuntamiento por no reunir la licencia adecuada ni las condiciones de seguridad necesarias.

La alcaldesa, Ada Colau, ha destacado el amplio consenso contra los CIE, a los que ha descrito como agujeros negros de los Derechos Humanos, mientras que el conseller de Justicia de la Generalitat, Carles Mundó, ha criticado la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández, del que ha dicho que "no se entiende que todavía desarrolle sus funciones, cuando ha habido un escándalo democrático debido a su hoja de servicios que acumula despropósitos".

Sobre las actuaciones si los juzgados deniegan la autorización para inspeccionar el CIE, el regidor Asens ha dicho que existen otros medios para comprobar si ya hay internos en el centro --ha señalado que no tienen pruebas fehacientes de que hayan internado a un hombre, como informaron fuentes policiales el jueves--, como a través de órdenes judiciales de internamiento, entre otras alternativas.

Ha avisado de que si comprueban que hay internos, el Ayuntamiento fijará una fecha para el precinto dando tiempo al Ministerio "para organizarse para evacuar a las personas", y ha advertido de que, si el Ministerio no acepta esta orden de precinto, también pedirán una autorización judicial.

Tras calcular que esta cuestión podría estar resuelta en 15 días o máximo un mes, dependiendo de la respuesta de juzgados y Ministerio, Asens ha destacado que otras ciudades también están analizando vías para cerrar estos centros, entre las que ha citado Valencia y Madrid.

Ha criticado la "situación de desconexión del Ministerio del Interior con la legalidad municipal" y ha señalado que esta es una situación sin precedentes al tratarse de un establecimiento público, tras lo que ha explicado que en la reunión han propuesto organizar una movilización ciudadana para visibilizar el rechazo al CIE.