Alcalde ha destacado que "la Junta de Andalucía adapta así su ordenamiento jurídico a la nueva realidad y en el caso de Córdoba, lo hace en unos momentos importantes para el deporte en nuestra provincia: con más de 1.350 instalaciones públicas y privadas, la configuración de una estructura asociativa con 2.510 clubes y secciones deportivas, además de albergar las sedes andaluzas de las federaciones deportivas de

baloncesto, deporte de personas con discapacidad física, kick-boxing y natación".

Así, la Ley introduce una nueva clasificación que da cobertura jurídica tanto a la competición federada como a las actividades de ocio y a las competitivas no oficiales, como las carreras populares, para las que establece un control previo y su comunicación a la Junta o a la entidad local competente. En esta misma línea, y como medida pionera en España, define también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas.

Otra novedad es la creación de una tarjeta sanitaria específica para el deportista federado, que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje. En este último aspecto, la norma cubre una laguna de la legislación vigente y dispone así medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud.

En este mismo ámbito, la nueva ley establece la creación de la Comisión Andaluza Antidopaje y la publicación de un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos, además de que fija la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia. Otro organismo similar a la citada comisión se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo y la xenofobia.

Por otro lado, la protección en centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y todo tipo de servicios deportivos es también otra de las novedades. Esta medida se refiere a la regulación de la cualificación profesional en el sector, en aras de proteger la salud y seguridad de los usuarios y consumidores de los servicios deportivos, así como de aumentar la calidad en la prestación de los mismos; de modo que el nuevo marco legal fija los títulos oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor de Educación Física, director deportivo, entrenador y monitor.

Cabe destacar en el nuevo texto, el reconocimiento de la función económica y de generación y mantenimiento de empleo que cumple el deporte. Por ello, garantiza su práctica en el medio natural de forma sostenible y racional, reconociendo su faceta de elemento generador de la actividad turística en Andalucía.

INNOVACIÓN DEPORTIVA

Igualmente novedosas son las medidas de I+D+i, para lo que se aprovecharán al máximo la labor del Instituto Andaluz del Deporte, especialmente en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión.

En la misma línea, se prevé la creación de una oficina virtual encargada de unificar y simplificar trámites, así como promover el uso de los medios electrónicos y telemáticos en todo el sistema deportivo regional.

En cuanto a las instalaciones deportivas públicas, sus proyectos de construcción, ampliación y gestión deberán contar, también por primera vez, con controles para su adecuación a criterios de sostenibilidad. Esta medida se reforzará con la formulación de vías de colaboración obligatorias entre las distintas administraciones para garantizar la viabilidad y el mantenimiento de la red de equipamientos de Andalucía.

El nuevo texto establece la creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y supondrá también un avance en el proceso de modernización y transparencia de las federaciones deportivas, a través de medidas como la aprobación del Código de Buen Gobierno o la creación del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, que será el órgano de participación de estas entidades en las políticas autonómicas sobre la materia.

En materia de igualdad, recoge medidas para fomentar la práctica deportiva de personas con discapacidad y favorecer su integración en las federaciones, así como programas de impulso del deporte femenino y del acceso de las mujeres a niveles de responsabilidad y decisión. En este último sentido, obliga a que su presencia en las juntas directivas de las federaciones sea, al menos, proporcional a su número de licencias.