En una nota, la parlamentaria andaluza por el PP onubense Carmen Céspedes, ha informado de este asunto tras la interpelación efectuada en el Comisión de Educación del Parlamento en la que ha pedido la rescisión del contrato por las irregularidades en el servicio que prestaba la empresa, una empresa que, además, "adeuda las mensualidades de mayo y junio a casi un centenar de trabajadoras".

La denuncia del PP arrancó hace meses tras las irregularidades detectadas en el servicio de comedor de los colegios Castillo de los Zúñiga de Cartaya y Virgen del Carmen de El Rompido (Cartaya), que motivaron la suspensión temporal durante el curso del servicio por parte de la Junta de Andalucía a raíz de la intervención de la Inspección Sanitaria.

"Hablamos de comedores escolares, de atención a niños, algunos de ellos en situación de exclusión social, y finalizado el curso, la Junta seguía sin comunicar la rescisión de un contrato tal y como había anunciado meses atrás por lo que el trabajo del PP ha tenido sus frutos logrando que la Junta finalmente reaccione", ha subrayado la parlamentaria del PP.

Ahora, ha señalado Céspedes, "la Junta afirma que el proceso de rescisión se está llevando a cabo y que se ha impuesto una multa a la empresa que asciende a 35.078 euros". Según ha detallado la dirigente popular, esta empresa presta servicio en 18 colegios de la provincia, en todas las comarcas y tiene más de cien monitores de comedor, "a los que se les debe las nóminas de mayo y junio y que han venido cobrando de manera irregular durante todo el curso".

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que "era hora de que la Junta reaccionara para no poner en peligro la salud de nuestros niños, porque se ha incumplido el pliego de condiciones del contrato y la Junta, por tanto, tenía que rescindirlo".

Asimismo, la popular ha indicado que de cara a la elaboración de nuevos pliegos de condiciones para futuros concursos de adjudicación del servicio de comedor escolar, la Junta de Andalucía "debe tener en cuenta criterios de proximidad, primar a empresas locales, criterios que primen el origen, la preparación y la conservación de los alimentos, y no tener en cuenta sólo criterios económicos", ha concluido.