Así lo ha indicado Cortés en una rueda de prensa en la Cámara autonómica la víspera de que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, comparezca a petición de IULV-CA en comisión parlamentaria a propósito de este asunto relacionado con un programa que "trata de generar derecho al empleo en aquellas personas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, o jóvenes con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo".

La portavoz parlamentaria adjunta de IU ha incidido en que, según lo relatado a distintos medios de comunicación por parte de "distintas personas", la fundación y la asociación recibían, por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los perfiles de tres personas que podrían resultar beneficiarias del contrato en cuestión, de seis meses de duración, a jornadas de ocho horas y con un salario "dependiendo de la categoría profesional" que se desempeñara, y la asociación o la fundación "decidían de esas tres cuál es la que iba a firmar el contrato".

"Hasta ahí todo normal", ha puntualizado Cortés, para apostillar que "el problema es que a partir de la segunda reunión que las personas seleccionadas tenían" con representantes de la asociación o la fundación "se les planteaba que no iban a trabajar ocho, sino seis horas, y que tenían que hacer un donativo 'voluntario' de las dos horas que no estaban trabajando", unos "donativos" que "variaban según el salario que cobrasen", y que "se daba a la fundación sin mayor explicación de por qué sí o por qué no en un sobre", primero, aunque con posterioridad se planteó hacerlo vía transferencia.

Cortés ha explicado que, "una vez que se conoció esta información", desde la Delegación Territorial de Empleo de la Junta en Córdoba se respondió "de una manera razonable" anunciando que "se abrirá una investigación", porque, según ha remachado, se habla de un "uso de dinero público". Desde IU, además, han indicado que Cristian Menacho, que ocupó el número diez en la lista del PSOE a las elecciones municipales en Córdoba, es coordinador de la fundación y presidente de la asociación que presuntamente realizaban estas prácticas.

Sin embargo, ha criticado que, "una vez que pasan las elecciones, la delegada del Gobierno andaluz contradice al delegado territorial diciendo que no se va a abrir una investigación" y pidiendo que "las personas se vayan a Magistratura porque es un problema laboral".

LA JUNTA "NO PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO"

Al respecto, Cortés ha aclarado que desde IU consideran que "efectivamente es un problema laboral y hay que ir a Magistratura", pero también es un asunto de "dinero público", por lo que desde la Consejería no se puede "mirar al cielo ni para otro lado una vez que hay estas denuncias por parte de los trabajadores".

Así las cosas, IU ha solicitado la comparecencia del consejero "para preguntarle qué va a hacer la Consejería en función de estas denuncias presentadas por los trabajadores a los medios de comunicación y también a la Inspección de Trabajo sobre un modo de proceder que no es tolerable por ninguna administración una vez que haya tenido conocimiento de ello".

Cortés ha tildado de "vergüenza lo que la delegada del Gobierno planteaba", y se ha mostrado "convencida" de que este jueves el consejero "planteará que efectivamente se abre una inspección razonable a la gestión de estos programas".

La representante de IU ha incidido en reclamar un "trabajo riguroso" por parte de la Consejería, el que, a su juicio, "debe hacer cualquier administración ante una denuncia de semejantes características", y "en ningún caso silbar al cielo o mirar para otro lado, o confundir un problema de Inspección de Trabajo con un problema de gestión del dinero público".

Tras apuntar que "la Inspección de Trabajo está en ello y haciendo su trabajo", ha enfatizado que "la que tiene que ponerse a ello es la Consejería", que, en su opinión, primero debe "poner el foco en lo que se denuncia, y luego ver qué posibilidades hay de que esto esté ocurriendo en otras asociaciones", detenerse en "los expedientes que se le han concedido" a las referidas dos entidades, "abrir la lógica investigación de rigor y, a partir de ahí, hacerse preguntas". "Y acción", ha apostillado.

Cortés ha indicado que cuando hay gente "en situación más o menos vulnerable" como los beneficiarios del citado programa que, "en lugar de bajar la cerviz ha denunciado, parece que lo que corresponde a una administración es validar estas denuncias".

A la pregunta de desde cuándo viene ocurriendo esto, Cortés ha respondido que eso "lo tendrá que ver la Consejería", pero ha apuntado que "por la información que me han trasladado, sí ocurría con anterioridad, no solamente este año".