Así lo ha explicado el interventor general, Santiago Salas, en su comparecencia este martes en la Comisión de Investigación sobre el HUBU en la que ha reconocido que en esos dos casos faltó un "trámite fundamental" por parte de la Junta, que, en un primer momento, "omitió" la función interventora, si bien y avisada por la propia Intervención, convalidó la situación, como permite el artículo 266 de la Ley de Hacienda.

"No es algo corriente pero tampoco excepcional", ha explicado para reconocer que este tipo de omisiones se dan en más ocasiones.

Según ha informado Salas en su primer turno de palabra, la primera vez que la Junta omitió la función interventora fue en la modificación técnica del proyecto, que data de mayo de 2007, y en la que se propuso un cambio de emplazamiento y se varió la cimentación de zapata por pilote. Ya en noviembre de 2011 la Junta subsanó otra omisión de la función interventora en un modificado del contrato con la concesionaria sobre una nueva necesidad de adecuación de equipamiento por 9 millones de euros que situó el coste final del equipamiento en 103 millones de euros.

Previamente, ha explicado también, se había modificado "favorablemente" el equipamiento por 47,1 millones por requerimientos asistenciales surgidos con posterioridad al primer contrato con la adjudicataria del HUBU.

Estas son las principales conclusiones de la comparecencia de cerca de hora y media del interventor general en la Comisión de Investigación del HUBU en la que ha ratificado la "absoluta legalidad" del proceso y en la que ha apelado también a la fiscalización del Consejo de Cuentas de 2009 sobre los ejercicios 2006 y 2007 en la que, según ha recordado, no se aprecian "irregularidades" en ninguno de los expedientes ni en el control interno de los mismos.

Salas ha aclarado en todo momento que el objeto de la función interventora es "estrictamente documental" y de control previo de que los gastos y los pagos se ajustan a la legalidad y al cumplimiento de la disciplina presupuestaria por lo que rechazado entrar en aspectos formales o en juicios de valor sobre esos gastos o sobre los procedimientos, como podría ser la fórmula de la concesión elegida por la Junta para la construcción del HUBU para el que se dio una conformidad inicial por valor 231 millones de euros y para una explotación por 1.010 millones durante 30 años.

El interventor general ha relatado los sucesivos modificados del proyecto y los consiguientes reequilibrios financieros y se ha mostrado convencido, según los informes que maneja la Junta, de que los presupuestos de la Comunidad tienen capacidad para "soportar" el aumento del canon que han provocado esos cambios, todos ellos "legales", ha reiterado.

CONTENCIOSOS DE LA CONCESIONARIA

Del mismo modo y como ya avanzó ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en su comparecencia en la Comisión de Investigación del HUBU, Salas ha aclarado a los grupos que esos reequilibrios han derivado en discrepancias por parte de la concesionaria que ha interpuesto diversos contenciosos con la Administración autonómica, que ha ganado el del segundo reequilibrio, mientras que en el caso del tercero la concesionaria no ha dado su conformidad.

Por otro lado, Salas ha rechazado las críticas de la oposición sobre su papel de "mero espectador" en la tramitación del HUBU si bien ha aclarado también que su función de control interno no es la de un perito que valore el precio de los ladrillos o de los fonendoscopios que, según ha garantizado, sí están sujetos a mercado por la existencia de un informe técnico que se responsabiliza de ello. También ha negado la posibilidad de que se estén pagando dos veces por los mismos conceptos.

Sin embargo, los grupos en la oposición han coincidido al lamentar la falta de respuestas a sus preguntas hasta el punto de que el portavoz de Ciudadanos en esta Comisión de Investigación, Manuel Mitadiel, se ha mostrado "más preocupado" al final que al inicio de la comparecencia de Salas ante la labor de un órgano que, según sus palabras, le merece toda la confianza técnica pero que se ha demostrado "un poco cojo".

"Esto me explica cómo estamos donde estamos", ha exclamado Mitadiel, quien, tras reconocer que el proceso puede ser "todo lo ortodoxo y regular" que sea, ha cuestionado, por ejemplo, que nadie analizase antes los efectos de una fórmula retributiva que ha resultado "onerosa" -un 50% más en el contrato en términos reales- con renuncia a los "criterios de oportunidad" del proyecto.

En el mismo sentido se ha pronunciado Laura Domínguez, de Podemos, quien, tras asegurar que la formación morada no pone en duda la legalidad del contrato, ha cargado contra unas decisiones políticas "erróneas", además de "confusas y oscuras" en algunas ocasiones. Así, ha preguntado a Salas los motivos que llevaron a la Intervención General a dar informes favorables a los tres reequilibrios o si estuvo informado en cada momento de las sucesivas modificaciones del contrato.

En el caso del Grupo Mixto, José Sarrión de IU, que ha repetido sus preguntas en sus dos turnos de palabras desde el reconocimiento de que no tenía nada más que añadir si el interventor no las podía responder, se ha interesado por conocer si Salas analizó el "efecto multiplicador" que suponía cualquier modificado y los respectivos reequilibrios financieros o las "consecuencias serias" de "sospechosos cambios" como modificados de obras a 40 meses de su inicio que obligaron a la Junta a pagar por una indemnización por falta de explotación o lucro cesante.

"¿No se tuvo en cuenta?", se ha preguntado Sarrión, para quien la Intervención General tendría que haber sido "muy cautelosa" ante un contrato cuyas modificaciones eran "enormemente caras" -90 millones de euros, según ha recordado, "sólo" por los retrasos generados por la propia Junta-. A esto ha añadido las consecuencias para las finanzas públicas de asignar a un sólo proveedor en régimen de "monopolio" todos los servicios del nuevo hospital.

EL CONTRATO, 'LA CLAVE'

Finalmente, Mercedes Martín, del PSOE ha ironizado sobre el papel que ha jugado en este proceso "un funcionario tan altamente cualificado" a quien ha preguntado si estudió con profundidad el contrato de la Junta con la concesionaria, "la clave", a su juicio, de los "problemas" que han surgido en el HUBU y con "modificaciones desde el minuto uno" sin recoger obligaciones o un régimen sancionador en lo que ha considerado una "coartada" para amparar desfases y sobrecostes.

"Hay diferentes fórmulas de cálculo para cada fórmula que nadie entiende, sólo los expertísimos", ha asegurado Martín quien ha afeado ante Salas que todos los contratos se corrigiesen al alza en beneficio "siempre" de la empresa y con consecuencias "claramente lesivas" para las arcas públicas.

Martín ha mostrado su "extrañeza" y ha expresado todas sus "dudas" tras conocer que la Junta no contó en dos ocasiones con la Intervención General para los informes previos a las modificaciones de contratos y ha visto cuestionable que se pudiese mezclar en el contrato la construcción y la explotación.

Por parte del PP, Ángel Ibáñez, se ha mostrado satisfecho por la "clarificadora" intervención de Salas con garantía de legalidad "absoluta y completa".