Asimismo, reiterará ante la Dirección su posicionamiento en contra de este tipo de proyectos.

La Comisión ha recordado el informe jurídico emitido por el Jefe de Departamento de Evaluación Ambiental de la Comisión, en el que se destaca que la tramitación actual de evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto se inició el 16 de Abril de 2014 a instancias de la entidad Services Petroliers Schlumberger, con reproducción de las actuaciones favorables del procedimiento iniciado anteriormente en 2011 a partir de la solicitud de Seabird Exploration.

Asimismo, han señalado que el Pleno de la CMAIB se ha pronunciado en diversas ocasiones manifestando su oposición a estas prospecciones, denunciando los impactos que supondría buscar bolsas de hidrocarburos en el subsuelo submarino.

"En el caso de que se encuentre petróleo apto para ser explotado, las repercusiones e impactos ambientales de los proyectos derivados (contaminaciones, perforaciones, construcciones de plataformas petrolíferas, agentes químicos) serían mucho más amplios, tanto en intensidad como en magnitud, sin comentar el riesgo inherente al operar y extraer crudo en grandes profundidades y sobretodo la gravedad ambiental en caso de vertido accidental", han denunciado desde la Comisión.

Desde la Comisión han recordado que el Mediterráneo es un mar cerrado y así, "la marea negra resultante no sólo afectaría, en mayor o menor grado, a todos los organismos, ecosistemas marinos y litorales y recursos pesqueros sino también al turismo, principal motor económico y fuente de riqueza de Baleares".

También han señalado que existen otros métodos más innovadores que los airguns para realizar este tipo de prospecciones y que reducen significativamente los impactos sobre los organismos.

Entre otras cosas, han señalado además que en relación al procedimiento iniciado en abril de 2014 también se ha pronunciado el pleno de la Comisión instando a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental a declarar la terminación del procedimiento y archivo del mismo al considerar que la petición de conservación de los actos administrativos favorables no se ajustaba a derecho.

En el mismo acuerdo se instaba a la Dirección General a cumplir obligatoriamente con los trámites de consulta en el "nuevo" procedimiento para el supuesto de que no se resolviera su archivo.