Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del caso, que han explicado que este jueves se ha celebrado la última sesión del juicio cuya finalización estaba inicialmente prevista para el pasado 23 de junio, pero que no pudo concluir entonces después de que la vista comenzase con retraso como consecuencia de una demora en el traslado desde la cárcel a la Audiencia del exalcalde algabeño.

De esta manera, este jueves ha prestado declaración el último testigo que quedaba por interrogar y las distintas partes han presentado sus informes finales, en los que la Fiscalía y la acusación particular han realizado una "subsanación de errores" en lo relativo a las peticiones de penas para los tres exconcejales del gobierno local.

En concreto, según han apuntado las mismas fuentes, el Ministerio Público y la acusación particular han elevado de cinco a seis años la petición de cárcel que solicitaban para estas tres personas por supuesto delito de prevaricación en concurso con malversación y en calidad de cooperadores necesarios, ya que ese es el mínimo recogido en el Código Penal para dicho supuesto, según han indicado.

Fiscalía y acusación particular solicitaban también 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación y otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para los exconcejales de Deportes, Manuel Ortega; de Medio Ambiente, Antonio Miguel Gutiérrez, y de Fiestas, Juan Francisco Calderón, a los que considera cooperadores necesarios.

En lo que respecta al exalcalde, la Fiscalía y la acusación particular han elevado a definitivas sus peticiones de penas, según han apuntado las mismas fuentes. En concreto, el Ministerio Público pedía para el exalcalde, ya condenado por cohecho y prevaricación por casos diferentes, en su escrito de acusación inicial, un total de ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito también continuado de prevaricación.

PETICIÓN DE INDEMNIZACIONES

De igual modo, solicita que todos los acusados indemnicen de manera conjunta al Ayuntamiento de La Algaba con 257.577,87 euros en concepto de perjuicios irrogados al Consistorio "con su ilícito proceder".

El Ministerio Público aseveraba que, en el periodo en el que ostentaron el poder en el Ayuntamiento, los acusados "se dedicaron, prescindiendo de las más elementales normas de procedimiento y pese a conocer el carácter vinculante de las mismas, a suscribir contratos de obras y/o servicios en muchas ocasiones sin el preceptivo expediente de licitación pública" y "en muchas ocasiones sin la necesaria consignación presupuestaria".

Según el fiscal, algunas de las facturas "obedecieron a trabajos para los que el Ayuntamiento contaba con personal propio o concierto de colaboración con otras entidades, con lo que no procedía contratación de terceros", a lo que añade que "parte de la facturación" respondió a trabajos "inexistentes, indicando conceptos ambiguos e insuficientes para determinar la naturaleza de la obra, lo cual ha desembocado en la imposibilidad de acreditar con certeza la realidad de los trabajos prestados".

El fiscal precisaba, en un escrito de acusación consultado por Europa Press, que cada una de las facturas "controvertidas" contaban "con el visto bueno del respectivo concejal", de manera que los acusados, "pese a conocer de las irregularidades en la contratación, no tuvieron reparo en refrendar el negocio estampando visado y firma en las facturas que se iban presentando".

Por su parte, las defensas de los acusados han solicitado en la sesión final del juicio la libre absolución para sus representados y, en su defecto, medidas para atenuar las penas y la responsabilidad civil que interesan las acusaciones.