El Ayuntamiento de Rota acusa al exalcalde de RRUU de pagar la entrada de VPO a dos familias con dinero público

Según ha explicado a Europa Press el portavoz del equipo de gobierno, Daniel Manrique, se han pedido explicaciones al entonces alcalde, Lorenzo Sánchez (RRRUU), y han dado hasta el 15 de septiembre de plazo para que se devuelva el dinero a las arcas municipales. En caso de no poder resolver así el asunto por la vía administrativa, el gobierno local ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales.

Manrique ha detallado que el asunto surge a raíz de que varios inquilinos de un edificio de viviendas sociales de propiedad municipal alertaran de lo ocurrido en 2007, reclamando para ellas el mismo trato. Por ello, saltó "la alarma" y se inició una investigación por parte del gobierno municipal.

Tras significar que años atrás "no se ha llevado un control exhaustivo" sobre las personas que residían en el inmueble y si eran las originalmente adjudicatarias, el edil ha comentado que han localizado dos convenios de 2007 por los que "el Ayuntamiento compraba a dos familias la entrada de un piso de VPO que hacía una promotora, y se ponía la escritura a nombre de estos particulares".

Manrique ha destacado que les ha "llamado la atención" porque, además, "no tiene valoración ninguna" y "se les está pagando la entrada de un piso cuando esas personas no tienen derecho de propiedad alguno". Asimismo, se ha preguntado "por qué a estas personas y al resto no".

Según ha detallado, en uno de los casos se pagaba la entrada de un piso con garaje y trastero, y en el otro caso la entrada de un piso y un cheque por valor de 3.000 euros cuyo destino no se especifica.

El portavoz del equipo de gobierno ha explicado que si los acuerdos se hubieran hecho por el Ayuntamiento podría plantearse una declaración de lesividad y anularlos, pero eso no es posible por tratarse de una sociedad municipal que se encuentra actualmente extinguida -en alusión a la Sociedad Urbanística de Rota, S.A. (Sursa)-.

Por ello, además de exigir las explicaciones pertinentes, han reclamado la devolución de ese dinero a las arcas municipales para resolver el asunto por la vía administrativa. Finalmente, ha reiterado que, en caso de que esto no ocurra antes del 15 de septiembre, recurrirán a la vía judicial.