La recién elegida secretaria de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT en Castilla y León (FeSP-UGT CyL), Carmen Ámez, ha pedido a la Junta un "esfuerzo" para negociar el convenio de empleados públicos porque, aunque se acude a las mesas para abordar el asunto, va "muy lento".

Ámez, en el marco de la clausura del congreso de la Federación en el que se ha proclamado secretaria después de que sólo se presentara su candidatura, ha lanzado un mensaje al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al que ha advertido de que se acude a las mesas pero esta todo va "lento" y no se observan mejoras.

En este sentido, ha recordado que se firmó un acuerdo importantísimo de los empleados públicos en Castilla y León en el que se acordaba la devolución de la paga extra devengada de 2012 que se adeudaba pero además se establecían una serie de programas de encuentro con los empleados para negociar varias cuestiones, entre otras el convenio de autonomía.

Ámez ha explicado que hay que recuperar la acción social, el cien por cien del salario en la incapacidad temporal, la pérdida salarial de los últimos años y eliminar las tasas de reposición, única forma de crear empleo, recuperar trabajadores y empleados públicos y "renovar" la Administración, para lo que reclama instrumentos como un contrato relevo, ya que en la mayoría de las administraciones la edad media es de 50 años.

"Dónde vamos a ir, hay que dar un impulso a los jóvenes y renovar la administración", ha señalado Ámez, quien ha citado esto como un "reto" a abordar.

Además, Carmen Ámez se ha marcado como principales retos del nuevo cargo la lucha por mantener los "pilares del bienestar" y, al mismo tiempo, por recuperar los derechos económicos, sociales y laborales perdidos en los últimos cinco años por los trabajadores de los servicios públicos.

FEDERACIÓN MÁS GRANDE

La hasta ahora secretaria de la FSP-UGT en Castilla y León, federación que culmina este viernes su fusión con la de Enseñanza (FETE), la última de toda España en acometer este proceso que se inició el pasado día 10 de mayo con el congreso constituyente federal, se ha proclamado máxima responsable de esta nueva estructura fusionada y que, como novedad, no sólo representará ya a los empleados de las administraciones públicas sino a todos aquellos que trabajan para los servicios públicos, incluidos los dependientes de empresas privadas.

La federación resultante, fruto del congreso celebrado en la Feria de Valladolid con participación de un total de 169 delegados, de ellos 134 de la FSP y 35 de FETE, supone que las dos ejecutivas se fusionan en una mixta y dará cobertura a más de 20.000 empleados en la Comunidad, 15.000 de ellos de la FSP y más de 4.000 de FETE.

Además, una de los aspectos positivos que ha señalado la responsable sindical es el hecho de que en una comunidad como Castilla y León, con nueve provincias, haya un representante de cada una de ellas en cargos orgánicos, además del consenso alcanzado para que Educación y Servicios Públicos pertenezcan a una misma federación.

Carmen Ámez ha incidido en que la ampliación de la federación supone que se integren todos los servicios públicos, pero ha advertido de que también se "vigilarán" los acuerdos de las administraciones con las empresas privadas para prestar este tipo de servicios. El objetivo, ha añadido, es evitar que no se respeten los derechos de los trabajadores para obtener un mayor margen de beneficio.

La secretaria de la FeSP-UGT ha explicado que será la mayor federación de UGT una vez que se complete la fusión, dado que aglutinará por ejemplo a los trabajadores del transporte sanitario, concertado con la Junta, a todo lo relacionado con la dependencia o a Tragsa, que también trabaja en montes públicos y se suma a los forestales.

A la clausura del congreso ha acudido el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha recordado el compromiso del Gobierno con los servicios públicos y se ha mostrado optimista respecto a los acuerdos firmados entre la Junta y los sindicatos para recuperar algunas cuestiones que, como consecuencia de las medidas tomadas por la crisis, "impactaron" en los empleados públicos y ha manifestado la apertura del Gobierno en la negociación que se lleve a cabo en la Mesa General de empleados públicos, así como otras como las de sanidad y educación.