Asimismo, se ha impuesto al condenado la medida de libertad vigilada, también durante cinco años, a contar desde el cumplimiento de la pena privativa de libertad, un periodo en el que tampoco se podrá acercar a menos de 300 metros de la víctima ni comunicar con ella. El fallo incluye una indemnización de 4.000 euros a los representantes legales de la menor.

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