Los expedientes sancionadores abiertos por la Inspección de Trabajo en Catalunya han aumentado un 38% los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2015, fundamentalmente por denuncias sobre relaciones laborales y, en concreto, por incumplimientos en la jornada y el tipo de contrato.

Lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la jefa de la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Mari Luz Batallé, acompañada de la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, y el secretario general de la Conselleria, Josep Ginesta, en un acto para hacer balance de las actuaciones del año pasado.

Batallé ha señalado que hay muchas denuncias por "jornadas que no son reales" -el trabajador cotiza menos horas de las que trabaja-, y también se debe a que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha un campaña para requerir a las empresas un sistema de registro de jornada -teniendo en cuenta que hay jurisprudencia que permite estos requerimientos-, por lo que están creciendo los expedientes a las que lo incumplen.

El número de expedientes de la Inspección de Trabajo de Catalunya (depende de la Generalitat) y la inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ministerio de Empleo) fue de 57.153 en todo 2015, de los que la mitad (el 49,6%) están relacionados con la Seguridad Social, y, en concreto, el 65% de estos, por falta de alta.

La mayor parte de denuncias del año pasado tuvo que ver con las relaciones laborales y, en concreto, en incumplimientos de jornada (un 27%) y de salario (24,4%), seguido de denuncias relacionadas con la Seguridad Social, principalmente por falta de afiliación (61%).

Las inspecciones dieron lugar al levantamiento de 10.006 actas de infracción y a 22.614 requerimientos, y la media de las sanciones fue de 3.815 euros; el 59% de las infracciones corresponden a trabajo no declarado y, como consecuencia de la actividad de la Inspección ha habido más de 167 millones de euros en liquidación de cuotas a la Seguridad Social y más de 27 millones en multas.

La consellera ha subrayado que la función de la Inspección de Trabajo va más allá de la actividad sancionadora, que supone sólo una quinta parte del total de sus actuaciones, y ha asegurado que es un instrumento que debe permitir mejorar la calidad del mercado de trabajo, a la vez que ha recordado que para este año se prevé aumentar el personal vinculado a la Inspección en 43 personas -entre inspectores, técnicos habilitados y personal administrativo--.

El secretario general del departamento, Josep Ginesta, ha dicho que, entre las prioridades de la Inspección de Trabajo para este año y los siguientes, figuran las campañas de revisión de la temporalidad, y ha indicado que el año pasado se consiguió que 4.250 personas pasaran a tener contrato indefinido porque se detectó que se habían utilizado contratos temporales de forma inadecuada o fraudulenta.

También se centrará en campañas de prevención de riesgos laborales para reducir la siniestralidad, ya que en el último año se ha incrementado debido al aumento de la actividad; en controlar los contratos de empresas multiservicios y de subcontratación, y en el cumplimiento de las jornadas.

Ginesta ha afirmado que durante el año pasado 9.800 personas fueron dadas de alta en la Seguridad Social por estar en situación irregular, y ha asegurado que en los próximos años seguirán las actuaciones de lucha contra la economía sumergida, que ha recordado que suponen cerca de la mitad del total de actuaciones de la Inspección de Trabajo.