Un matrimonio de Sevilla víctima de un desahucio y beneficiario de ayudas de emergencia por parte del Ayuntamiento hispalense, pues con sólo una pensión de 700 euros la pareja tuvo que habitar un piso con un alquiler de 350 euros mensuales, ha accedido a una vivienda protegida de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) tras "dos años de gestiones", según la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

En una resolución emitida este pasado miércoles y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta de la queja promovida en 2014 por un pensionista que, junto a su esposa "gravemente enferma", había sido "desahuciado de su domicilio en virtud de un procedimiento de ejecución hipotecaria".

El matrimonio, según la resolución del departamento de Jesús Maeztu, sobrevivía con una pensión de 700 euros y se había visto obligado a realojarse en "un piso en el mercado libre" carente de muebles y sometido a una renta de alquiler de 350 euros. Dado el caso, este matrimonio denunciaba que vivía "en condiciones infrahumanas" al carecer de muebles y electrodomésticos, dormir "en el suelo" y no contar con suficiente dinero "para los gastos de los servicios básicos, como luz, agua y alimentación".

LAS VPO DE SAN BERNARDO

En su queja, el matrimonio exponía que se había interesado por la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción levantada en el barrio de San Bernardo por la Junta de Andalucía, destinada a personas menores de 35 años que buscan su primera vivienda y a mayores de 65 que requieran un lugar de residencia adaptado a sus necesidades.

En ese sentido, a lo largo de esta resolución del Defensor del Pueblo Andaluz se detalla cómo esta matrimonio había acudido a "numerosos organismos e instituciones públicas y privadas" a la búsqueda de respaldo, reclamando el área de Maeztu información sobre este caso concreto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Sevilla (Emvisesa), los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento e incluso la Fundación La Caixa.

Dado el caso, quedaron constatadas una ayuda municipal de emergencia para este matrimonio para la adquisición de "un colchón, un somier y un frigorífico", así como otra para "prótesis dental tanto para el interesado como para su cónyuge". AVRA, de su lado, defendía que incluso su gerente había "atendido personalmente" a este matrimonio, canalizándoles hacia "la normativa vigente en materia de adjudicación de viviendas protegidas", que parte del registro municipal de demandantes de viviendas protegidas.

"Según la información facilitada por el interesado a AVRA, se encontraba inscrito desde hacía varios años en el registro municipal de vivienda de Sevilla", expone la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, según la cual "tras dos años de gestiones", la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha concedido finalmente al matrimonio protagonista de esta historia "acceso a una vivienda protegida en la barriada de San Bernardo".