Juez procesa a 5 funcionarios de Obras Públicas acusados de detraer fondos públicos con una empresa

  • El juez instructor del caso 'Poniente' ha procesado a cinco funcionarios del Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a los que atribuye el haber recibido, entre los años 2004 y 2009, diferentes cuantías económicas de la empresa Urdial Maryya, constituida como socios fundadores por el hijo de uno de ellos, jefe del citado área y como socios mayoritarios por las esposas de dos de ellos, uno ya fallecido.

El auto de procedimiento abreviado dictado el lunes, consultado por Europa Press, recoge que, dentro de "la trama general" que ha participado de la "detracción" de los fondos públicos del Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Empresa mixta de Servicios Municipales (Elsur) y de sus subcontratas, los cinco procesados y la esposa de uno de ellos "recibieron fondos" pese a que formaban parte de un "órgano de control".

El magistrado Jesús Miguel Hernández les reprocha lo hicieron a pesar de que formaban parte de un "departamento encargado de velar por la correcta ejecución" de los servicios prestados por Elsur y de "comprobar" la propuesta de actualización del canon que con carácter anual presentaba la empresa mixta.

Así, desgrana que los ingresos de Urdial Maryya SL procedieron "casi en exclusiva" de Elsur, de la que percibieron entre 2004 y 2009 más de 1,9 millones de euros, así como de la Colaboradora de Gestión y Recaudación SL (Clabert Gestión), con la cuantía de 317.144,88 euros y de Diseño y Desarrollo Integral de Infraestructuras Eléctricas El Ejido (DIIESA), con 53.824 euros en 2007.

Según el desglose que hace el auto de procesamiento, el técnico de Obras Públicas A.C.G. recibió supuestamente 82.577,98 euros, mientras que la ingeniero, jefe de Vías Públicas, M.J.M.M. percibió presuntamente 160.946,51 euros. El arquitecto municipal F.G.G.L habría recibido 19.597,79 euros y el ingeniero técnico industrial, a su vez jefe de Obras Públicas y padre del fundador de la mercantil, A.S.R., 250.682,70 euros.

Otro arquitecto, F.G.G.L., a través de una consultoría, percibió presuntamente 302.227,24 euros y el jefe de secretaria administrativa del Ayuntamiento, E.G.A, 6.000 euros mientras que su esposa, M.N.C.G., habría recibido 120.826,66 euros. A todos, menos a esta última, también procesada, les atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y malversación de caudales públicos.

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