En un comunicado remitido este martes por la empresa de aguas y servicios, se hace constar que el global de ambos importes alcanza los 14,5 millones -12,2 en el caso de Cartaya y 2,3 en el de Cortegana-.

Del mismo modo, se ha informado desde la Mancomunidad a los dos ayuntamientos que aunque la liquidación que se les exige es en sí misma ejecutiva, se ha visto refrendada por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 y por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía /(TSJA).

Desde la MAS han recordado que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contiene un mandato directo y específico a la autoridad administrativa encargada de la gestión -el alcalde, en este caso- de incluir los créditos ordinarios o extraordinarios para hacer frente a los referidos pagos.

La obligación requerida a los ayuntamientos de Cartaya y Cortegana debía cumplirse en el plazo de tres meses desde la fecha de la notificación de la resolución judicial y dado que el referido plazo "se ha rebasado con creces", desde MAS se entiende que los respectivos alcaldes están "incumpliendo esta obligación" que específicamente les ha impuesto el ordenamiento jurídico.

A principios de este mes, MAS y su empresa de gestión Giahsa anunciaron un nuevo paso al frente en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera "unilateral" abandonaron la institución sin hacer frente a sus obligaciones legales.

La primera medida está siendo, precisamente, la de recurrir y paralizar los presupuestos de los consistorios que no consignen la deuda, así como exigir responsabilidades personales a aquellos alcaldes que no cumplan con sus responsabilidades legales.

En estos momentos, MAS y Giahsa siguen procesos de reclamación de liquidaciones por importe de 35,3 millones, de los que 24,5 son ejecutables "sobre la marcha".

La pasada semana, la Mancomunidad de Servicios y el Ayuntamiento de La Palma del Condado firmaron un convenio administrativo de colaboración cuyo objeto es dejar saldadas y resueltas las diferencias y litigios existentes entre las dos partes, surgidas como consecuencia de la disolución y liquidación de la Mancomunidad de Aguas del Condado, con un saldo resultante de 2,8 millones cuya liquidación se hará efectiva en el plazo de diez años.