Podemos ha explicado en un comunicado que hasta 96.418 discapacitados "se encuentran privados de su derecho al voto" en España y, por tanto, no podrán hacerlo en las elecciones generales de este domingo 26 de junio.

En concreto, Podemos plantea instar al Consell a que reclame al Gobierno de España la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (Loreg) de forma que el derecho al voto de las personas con discapacidad quede garantizado y, de esta manera, ninguna persona pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro, además de para que se les restituya a las que ahora no lo tienen, según ha informado la formación morada en un comunicado.

Asimismo, solicita la adaptación de la normativa relativa al ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad o diversidad funcional en cuanto que ejerzan el voto "en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos".

Podemos también ha reclamado que se garantice la accesibilidad de este colectivo a los diferentes soportes de información electoral y a los colegios electorales, así como el derecho al voto secreto, el derecho de asistencia en caso de que sea necesario y que los materiales electorales sean "adecuados, accesibles y fáciles de entender", por ser algo imprescindible para poder votar.

Al respecto, ha recordado que la ley vigente establece que, en los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad, la retirada del derecho al voto "deberá ser valorada expresamente por un juez al dictar la sentencia", aunque entiende que estos procedimientos "no deberían implicar la pérdida del derecho al voto" de las personas con discapacidad.

"VIOLACIÓN DE DERECHOS"

"Como reconocen diversos organismos internacionales, la privación del derecho de sufragio por causa asociada a discapacidad o diversidad funcional es una violación de derechos fundamentales que resulta fragantemente contraria al marco jurídico internacional de la discapacidad vinculante para España", ha reivindicado.

El grupo de Podemos en las Corts ha subrayado, además, que distintas organizaciones de la sociedad civil que representan a personas con discapacidad "han denunciado reiteradamente esta situación ante la inacción del Gobierno, a pesar de la obligación legal de modificar la normativa electoral para garantizar su derecho al voto".