El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con fecha de 14 de junio, ampara así el proyecto autonómico que establece la ordenación de este centro, con todas las instalaciones complementarias actuales y las previstas en el futuro teniendo en cuenta todas las condiciones territoriales y ambientales, han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

El Decreto 8/2015, de 22 de enero, de la Junta de Castilla y León, aprobó el proyecto regional del centro de tratamiento y se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León de 23 de enero de 2015.

El recurso fue planteado por la Asociación Ecologistas en Acción de Valladolid, como demandada la Junta de Castilla y León y codemandados la mercantil Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa) y el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga.

El proyecto autonómico impugnado se tramitó conforme a la Ley10/1998, de 5 diciembre de Ordenación del Territorio de Castilla y León y a la Ley3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León, a solicitud de Cetransa y en cumplimiento de la sentencia de 4 de junio de 2013 del Tribunal Constitucional que anuló la declaración anterior por considerar inadecuado el instrumento legal empleado pero sin apreciar defectos de carácter ambiental, urbanístico o territorial ni otras cuestiones de fondo.

La Junta ha asegurado que el proceso para llegar a la aprobación definitiva del proyecto regional fue participativo, consultándose a todas las partes implicadas y respetando la legislación vigente de carácter territorial y ambiental.

Además, ha recordado que el centro de tratamiento e instalación de eliminación de residuos peligrosos ubicado en Santovenia de Pisuerga da servicio a más de 500 empresas de diversos sectores como automoción, siderurgia, química, petroquímica, construcción, medio ambiente, transporte y energías renovables, entre otros.

"Cetransa realiza un servicio esencial para el sector industrial de Castilla y León al tratar y eliminar los residuos industriales contribuyendo a la protección del medio ambiente al mismo tiempo que garantiza el desarrollo sostenible", ha afirmado el Gobierno autonómico, que ha añadido que si este servicio no existiera se pondría en dificultades el aparato productivo autonómico comprometiendo el mantenimiento del empleo existente en el sector industrial.