Por esta cuestión, en declaraciones a Europa Press, Caraballo ha valorado la denuncia de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción Decano de los de La Palma del Condado por posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a las citadas obras.

No obstante, Caraballo se ha mostrado "respetuoso" con la justicia, por lo que esperará al final del proceso judicial para pronunciarse con "más solvencia".

Cabe recordar que en aquellas fechas el CSIC publicitó un procedimiento abierto para promover estas obras y la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS), cofinanciado con fondos Feder y con un presupuesto de 1,5 millones de euros, adjudicándolas finalmente a una empresa por algo más de un millón.

Según reza en la denuncia del Ministerio Fiscal, el fiscal entiende que los informes técnicos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, a finales de 2015, "ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en atención a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de aquellas". Se trata de un edificio, propiedad del Estado y datado en el siglo XVI-XVII, que había sufrido reformas en 1972 y 1988 y tenía protección específica en el PGOU.