En la sentencia, la magistrada admite el argumento de los trabajadores de que los despidos, que se llevaron a cabo en diciembre de 2015, debieron tramitarse de forma individual y no con un procedimiento colectivo como se hizo.

Considera igualmente que se produjo una cesión ilegal por parte del Ayuntamiento respecto de la empresa, ya que se trataba de empleados públicos municipales, por lo que deberían ser reintegrados a sus puestos tras el cierre de la FMT.

En el caso de que las partes condenadas opten por esta última opción, la sentencia establece que corresponderá a los trabajadores la elección de la empresa en la que serán readmitidos, con la condición de trabajadores indefinidos (no fijos) en el caso del Ayuntamiento de Torrelavega, con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión.

En el caso de una de las trabajadoras, que era delegada sindical, será a ella a quien corresponderá elegir entre la readmisión o la indemnización, de 96.484 euros; y de no hacerlo, se entenderá que lo hace por la readmisión.

Los cuatro trabajadores, con categoría de administrativos, venían prestando sus servicios profesionales a la Feria de Muestras de Torrelavega desde el año 1987, dos de ellos, y 1990 y 1994, los otros dos.

En julio de 2015, la Junta General de la FMT acordó disolver esta sociedad municipal y abrir la fase de liquidación, por lo que en noviembre se comunicó a los trabajadores el despido colectivo por causas económicas, debido a las pérdidas que se venían registrando. También se les informó de que sus indemnizaciones oscilaban entre 31.100 y 29.100 euros.

Frente a ello, las defensas de los trabajadores alegaron la nulidad del despido, entre otras, por razones de forma o procedimiento, puesto que tenían que haberse tramitado como individuales y no como colectivos, al no ser alcanzar el número de trabajadores que establece la ley.

Esgrimieron igualmente que los trabajadores habían permanecido dentro del ámbito de organización y el poder de dirección del Ayuntamiento, siendo empleados públicos municipales, por lo que tras el cierre de la Feria deberán ser reintegrados al Consistorio.

La magistrada estima estos argumentos y declara la existencia de cesión ilegal, y la improcedencia de los despidos, condenando a las demandadas a que en el plazo de cinco días, desde la notificación de la sentencia, opten por la readmisión o indemnización de los cuatros trabajadores.

VALORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Tras conocerse la sentencia, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha anunciado que el equipo de gobierno PSOE-PRC informará de ella este mismo miércoles a los portavoces municipales con el fin de que conozcan las opciones que tiene ahora el Ayuntamiento y, "en base a su opinión y a lo que digan los servicios municipales", se decida la readmisión de los trabajadores, el abono de la indemnización, o bien se recurra la misma.

Pérez Noriega no ha querido hacer valoraciones de la sentencia, pero ha subrayado que el cierre de la Feria de Muestras y el consiguiente despido de sus trabajadores es "consecuencia directa" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que no permite a empresas públicas tener varios años de pérdidas y, por tanto, ha sido esa ley del PP la que "obligó" al Ayuntamiento a proceder a esos despidos.

Por último, ha recordado que la Feria "nunca tuvo como aspiración ganar dinero, sino que se trataba más de un servicio a la ciudad que una actividad empresarial con ánimo de lucro".