Con esta medida se pretende dotar "progresivamente" a los centros de libros de texto, desarrollar "hábitos de cuidado y respeto" en el uso de los mismos y promover la "propiedad social".

De acuerdo con la orden de convocatoria, los fondos públicos que reciban los centros educativos serán gestionados por los consejos escolares y se destinarán, exclusivamente, a la adquisición de libros de texto.

Los alumnos becarios dispondrán de forma gratuita, en concepto de préstamo, de los libros de texto seleccionados por el centro para los estudios que estén cursando, y se devolverán al centro al finalizar el curso escolar o en caso de traslado de algún alumno, explica la Administración regional en nota de prensa.

Por otra parte, los centros educativos se responsabilizarán del cuidado y custodia de los libros adquiridos, así como de la gestión de la devolución, y los tendrán a disposición del alumnado para cursos posteriores.

Para la selección de los alumnos becarios, los consejos escolares deberán tener en cuenta la pertenencia a familias que tengan la condición legal de "numerosa" y la pertenencia a familias cuya renta no supere los umbrales computables máximos que se fijan, en función del número de miembros de la familia, en la orden de convocatoria.

MODIFICACIÓN DE DECRETO

Antes, igualmente, el Consejo de Gobierno regional ha aprobado la modificación del decreto 158/2012 por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la dotación de libros de texto a los centros concertados que impartan enseñanzas de educación Primaria y Secundaria y Educación Especial.

Concretamente, el Ejecutivo extremeño considera que ha de modificarse el contenido de las bases reguladoras en cuanto al sometimiento al régimen de "mínimis" de estas ayudas.

En este sentido, la Consejería de Educación y Empleo entiende que deben quedar exentas del régimen de mínimis las ayudas concedidas a los centros concertados para la dotación de libros de texto por considerar que no constituyen una actividad económica, toda vez que para acceder a ellas es "necesario" tener concierto educativo y estar incluido en la red de enseñanza complementaria a los centros de titularidad pública, es decir, en el sistema público de enseñanza.

La Junta añade al respecto que imposibilitar el acceso de los centros concertados a esas ayudas, por mantenerlas en el régimen de mínimis, determinaría un régimen de "desigualdad" entre la enseñanza pública y la concertada que produciría "la vulneración de un derecho fundamental".