para ofrecer un diagnóstico sobre la situación de las balsas, la búsqueda de alternativas para recuperar las 1.200 hectáreas ocupadas por las citadas balsas y el análisis del proyecto presentado por la empresa Fertiberia, "son mínimos" por "falta de financiación", al avanzar la Junta de Andalucía tan solo 50.000 euros.

Así lo asegura en declaraciones a Europa Press, el catedrático del área de Estratigrafía y Sedimentología de la Universidad de Huelva José Borrego Flores, que es quien lidera esta comisión. En concreto esta cantidad se trata de una partida dentro del capítulo de Acción Especial, incluida en el marco de la Secretaría General de Universidades.

Cabe recordar que esta comisión -conformada por una decena de expertos de varias universidades e instituciones- se reunió por primera vez el pasado mes de diciembre con el fin de establecer otro tipo de mejoras al margen de la propuesta de Fertiberia.

Para ello, el primer planteamiento fue una solicitud de una acción especial a la Junta de Andalucía para, con la misma y una subvención, poder empezar a trabajar, teniendo en cuenta que algunos miembros viven fuera de la provincia. Finalmente la comisión valoró la realización de los informes necesarios y la posible contratación de personal técnico en unos 800.000 euros, estimando unos plazos que oscilarían entre un año y medio y dos años, y por ahora solo cuentan con 50.000.

Al respecto, José Borrego Flores ha precisado que con esta cantidad "se podrá avanzar en algo de documentación pero poco más, ya que en un principio no se puede contratar a personal de apoyo y los miembros de la comisión tenemos nuestros respectivos trabajos".

A su juicio, "lo primero que hay que hacer es realizar un diagnóstico fiable de la afectación de los residuos al entorno", y a partir de ahí se podrá trabajar en la respuesta. En este sentido, ha remarcado que "hay datos pero son parciales y hay que investigar más", dejando claro que "el conocimiento científico y técnico no surge de manera espontánea".

En este sentido, ha subrayado que "la comisión lleva trabajando varios meses para evaluar toda la documentación, centrándose fundamentalmente en las lagunas de información sobre las balsas y los alrededores y en la evaluación del proyecto de Fertiberia con el fin de ofrecer otras alternativas". Cabe recordar que el plan de Fertiberia incluye solo las 720 hectáreas que aún son de su titularidad y no la zona afectada al completo.

De igual modo, Borrero defiende la labor de la UHU, que "financió la primera reunión de este comité", que persigue, entre otras cuestiones, contemplar líneas de investigación que permitan que no sea el soterramiento de estos depósitos, como propone la empresa, la única solución. A su juicio, "tratándose de un problema medioambiental tan grave, no se debe ser cicatero".

Preguntado por la previsión de la siguiente reunión, ha señalado que probablemente se celebre a finales de junio o a principios de julio y el objetivo es la realización de estudios "ya en el terreno sobre las propias balsas".

El pasado mes de diciembre, tras el primer encuentro, José Borrego dejó claro que "no está en manos de la comisión ejecutar", a lo que añadió que "el único plan que hay es el que Fertiberia presentó hace un año, que está incompleto", señalando además que la comisión no conoce el proyecto en su totalidad y uno de los objetivos de la misma es evaluarlo.

Del mismo modo, hizo hincapié en que la comisión persigue tres objetivos: reconocer y conocer las condiciones de las propias balsas y la afectación del medio, evaluar el proyecto de Fertiberia una vez que esté completo y, una vez analizada la información, establecer otro tipo de mejoras al margen de lo que empresa propone.

IDONEIDAD DEL PROYECTO

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), mediante un informe con fecha 2 de marzo de 2016, atendió el requerimiento realizado por la Audiencia Nacional (AN) y declaró "idóneo" el proyecto presentado por Fertiberia para la clausura de las balsas de fosfoyesos en las marismas de Huelva.

Este proyecto, con un presupuesto de 65,9 millones de euros, se centra en garantizar la estabilidad estructural, eliminar la posibilidad de generar contaminación y la restauración del emplazamiento con una capa adicional vegetal con plantas autóctonas para la recuperación paisajística, estando el tiempo de ejecución fijado en diez años y otros 30 de control.