Los 49 millones de euros del Gobierno para el desarrollo del Profea en Huelva tienen como destino el pago de los costes de contratación y seguros sociales de los trabajadores, mientras que la Junta de Andalucía sufra el 75 por ciento del coste de los materiales de obra y la Diputación Provincial de Huelva el 25 por ciento restante, ha informado la Subdelegación en una nota.

Pérez Viguera ha subrayado que el Programa de Fomento de Empleo Agrario ha generado en los últimos cuatro años más de 656.000 peonadas "que han permitido a 32.000 familias del mundo rural onubense disponer de unas rentas durante los meses que no hay actividad en el campo".

A estas cifras hay que sumar los 12,27 millones de euros del Profea 2016, que permitirá este año la creación de 8.000 empleos más y la generación de 167.000 peonadas.

El subdelegado ha incidido en que gracias a este plan de empleo del Ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez, se han podido ejecutar desde 2012 un total de 611 obras de mejora y renovación de infraestructuras urbanas en todos los pueblos de la provincia.

Asimismo, el subdelegado ha insistido en la importancia de que la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva "paguen a los ayuntamientos en tiempo y forma su parte de materiales de obras para evitar que el PROFEA coincida con la campaña agrícola". En este sentido, ha recordado que la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario ya aprobó el pasado 18 de mayo las primeras 26 obras del Profea 2016.

PLAZO AMPLIADO

Por otro lado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha ampliado tres meses el plazo para justificar las obras que se realizan a cargo del Programa para el Fomento del Empleo Agrario de 2015, con el objetivo de que no se pierda ni uno solo de los dos millones de jornales que generará este año en toda Andalucía.

Hoy el Boletín Oficial del Estado publica la orden de ampliación en tres meses, hasta el 30 de septiembre, del plazo de finalización de las obras y servicios de interés general y social iniciados en 2015.

Esta decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social viene motivada por las dificultades para terminar las obras a causa de las lluvias registradas durante esta primavera.

El Gobierno considera que los plazos de ejecución fijados inicialmente son "insuficientes" en estas circunstancias, teniendo en cuenta además la repercusión que esto provoca en la contratación de los desempleados que participan en estas obras, que ven reducido el tiempo en el que están contratados y, en su caso, la posibilidad de acceder a prestaciones o subsidios por desempleo y a la renta agraria.