La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha trasladado este sábado a la Junta Electoral de Zona de Castellón sus alegaciones ante la decisión de ésta de prohibir al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hacer más actos como el que celebró el pasado miércoles en el Grao de Castellón con alcaldes porque "vulnerarían la ley", en las que defiende que no tenía intencionalidad electoral.

Según el escrito, la Junta Electoral ha trasladó este viernes su resolución a la Generalitat, tras una reclamación presentada por el PP sobre el acto que el jefe del Consell realizó en el Grao de Castellón con alcaldes de municipios menores de 3.000 habitantes de la provincia.

No obstante, la Generalitat ha puesto de manifiesto en primer lugar que al escrito no se acompañaba la reclamación formulada por el PP, lo que provoca "indefensión" a esta parte al no conocer los motivos exactos por los que se presenta. Además, apunta que debe notificarse la reclamación antes de la apertura del plazo de alegaciones.

En este sentido, el Ejecutivo valenciano se puso en contacto por teléfono con la Junta este mismo viernes para subsanar esta cuestión pero se le informó que no sería posible hasta el lunes. Pese a ello, y sin perjuicio de que se le permita hacer las alegaciones oportunas, ha enviado este documento para explicar el contenido del acto denunciado.

Así, Abogacía explica que el acto "responde a una actuación ordinaria" y de ejecución de las publicaciones en el DOCV del procedimiento a seguir para la concesión de subvenciones, en este caso, destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en municipios y entidades locales menores de la Comunitat con población que no exceda de 3.000 habitantes.

Por otra parte, señala que "no cabe duda alguna sobre la inexistencia de intencionalidad electoral alguna respecto de un acto de información dirigido a todos los alcaldes de los municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia, con independencia de la filiación política".

Insiste en que estaban convocados alcaldes "de todos los colores" y éstos eran los únicos convocados, "sin que el acto implicara difusión alguna de los logros obtenidos". "Se trata de un acto previamente programado, como puedan resultar otros similares, en el marco del proceder ordinario de una administración, que no puede paralizarse por el motivo de celebración de unas elecciones generales", agrega.