El Banco de España advierte de que las dificultades para bajar los salarios podrían perjudicar la consolidación de las ganancias de competitividad obtenidas en los últimos años, y aboga por potenciar la contratación indefinida evitando su "excesiva" protección para no desincentivar la creación de empleos estables.

Así lo recoge en su Informe Anual 2015, en el que señala que el mercado de trabajo español se enfrenta al reto de reducir el "elevado" desempleo para evitar que una parte "considerable" de él se convierta en estructural, y para favorecer un comportamiento más dinámico de la productividad.

El organismo supervisor valora la bajada de la tasa del paro, pero subraya que sigue "muy por encima" de la observada en otros países, uno de los elementos que explican el incremento de la desigualdad de la renta en España, y sostiene que esta reducción no se ha trasladado con una intensidad suficiente a los colectivos que llevan más tiempo desempleados.

En esta línea, apunta que tampoco se observa un aumento "significativo" de las conversiones de contratos temporales en indefinidos, que "habían mostrado una tendencia claramente descendente desde el inicio de la crisis y que, en el período más reciente, se mantienen en niveles reducidos". Por el contrario, detecta un mejor comportamiento de los flujos de destrucción de empleo indefinido, que se habrían moderado en 2015 hasta alcanzar niveles similares a los observados antes de la crisis, si bien la destrucción de empleo temporal "todavía mantiene cotas elevadas".

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, advierte de que la tasa de paro se mantiene en un nivel "que resulta socialmente inaceptable", a pesar de que en el primer trimestre de 2016 se redujo hasta el 21 %, tras haber llegado casi al 27 % en 2013.

El organismo supervisor encabezado por Luis María Linde considera que la reducción del desempleo exige actuaciones adicionales que permitan a las empresas optar por una "adecuación" de las condiciones laborales a su situación específica y refuercen su flexibilidad interna, en línea con las instituciones del mercado de trabajo existentes en otros países europeos. De igual forma, aboga por potenciar el atractivo de la contratación indefinida "evitando que una excesiva protección de este tipo de empleo acabe desincentivando la creación de puestos de trabajo estable".

También señala que las políticas activas deberían contribuir a aumentar la empleabilidad de los desempleados de larga duración que presentan niveles de cualificación bajos, por lo que ve "crucial" mejorar la vinculación entre políticas activas y pasivas. En concreto, apuesta por modernizar los servicios públicos de empleo e incrementar los recursos disponibles en las políticas activas por desempleado, siendo "deseable" relanzar las actividades de formación y orientación, que "en comparación con otros países europeos, son relativamente escasas en España".

En cuanto a los salarios, el Banco de España apunta que en un contexto de baja inflación generalizada en el área del euro y crecimientos modestos de la productividad, como el que se proyecta para la economía española en los próximos trimestres, advierte de que "un exceso de rigidez a la baja de los salarios nominales podría dificultar la consolidación de las ganancias de competitividad obtenidas en los últimos años".

"Si bien la relación entre los incrementos salariales negociados y la situación cíclica de los distintos sectores productivos ha aumentado en los últimos años, esta sigue siendo reducida", añade. La institución dirigida por Luis María Linde añade que la reforma laboral ha resultado "crucial" para la recuperación de la competitividad de la economía española y del empleo.

El Banco de España sostiene además que la magnitud de los ajustes pendientes para situar las finanzas públicas en una situación saneada "es todavía significativa", después de que en 2015 la reducción del déficit se debiera en exclusiva a la mejora económica, ya que no se adoptaron medidas fiscales.

Por ello urge a retomar la senda de consolidación fiscal, que debe avanzar en la racionalización y eficiencia del gasto público, por una lado, y en la "revisión" de los impuestos, por otro.  En este sentido, la entidad mantiene las recomendaciones de su informe del año pasado y aboga por que se otorgue más peso a la imposición indirecta (IVA e impuestos especiales) —ya que los organismos internacionales dicen que hay margen para aumentar el IVA— y por racionalizar la amplia gama de deducciones y bonificaciones "que erosionan la capacidad recaudatoria".