Anterior gobierno de PP presenta una querella contra el alcalde por calumnias sobre el agua de Loreto

  • Todos los integrantes del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz en el mandato 2011-2015 han firmado la querella criminal formalizada este jueves contra el alcalde de la ciudad, José María González (PCSSP); el edil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, por un presunto delito de injurias y calumnias a cuentas de las declaraciones vertidas por éstos en relación al incidente del corte de agua en el barrio de Loreto.

Según ha indicado el Grupo Municipal del PP en una nota, la querella tiene un cuerpo de 35 folios en los que se "acreditan" los delitos de calumnias e injurias supuestamente cometidos por los tres querellados al manifestar públicamente que el anterior gobierno municipal "contaminó a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días", lo que, según ha resaltado, "es a todas vistas es una acusación por un delito contra la salud pública".

Ha recordado que previa a la presentación formal de esta querella se presentó el pasado 30 de marzo la papeleta de conciliación, que es obligatoria para la interposición de la misma.

La parte documental de la querella formulada este jueves remite a más de 80 archivos de diversa índole en los que se pueden corroborar las declaraciones públicas realizadas por los querellados el 7 de marzo y las posteriores realizadas por González Bauza en las que se sustentan "la grave acusación de suministrar agua contaminada a sabiendas al barrio de Loreto".

El relato de los hechos recoge que los querellados habían convocado a vecinos y medios de comunicación por la tarde en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de Cádiz, para informarles del contenido de un informe de estudio, análisis y esclarecimiento de lo sucedido en octubre de 2014 que se había presentado ese mismo día 7 de marzo por la mañana en la Comisión Informativa de Sostenibilidad, creada para tal efecto.

En opinión de los 'populares' "utilizaron" este acto ante medios y vecinos para lanzar "graves acusaciones", tales como que los querellados "habían suministrado a sabiendas agua contaminada a los vecinos del barrio de Loreto durante 14 días, manifestando no encontrar explicación que justifique que se hubiese ocultado tanta información". A ello, ha añadido que Barcia "no dudó en coger el micrófono señalar directa y públicamente a los querellantes Teófila Martínez e Ignacio Romaní".

Según ha apuntado el Grupo Popular, el cuerpo de la querella recoge la repercusión mediática que tuvieron estas declaraciones y la reiteración en la acusación por parte de los querellados.

CONCLUSIONES

La querella hace constar que "todo hace pensar que era una acusación premeditada y orquestada por los querellados con antelación para hacer el mayor daño público posible, así como eliminar políticamente al adversario, usando la infamia, la deshonra, la humillación, la mentira, la falacia".

Uno de los fundamentos del escrito es también que "el hecho atribuido" a los anteriores responsables municipales "dinamita el derecho al honor", y se destaca los "daños morales" causados por las "injurias vertidas en su contra".

El escrito concluye indicando que "la afirmación haciendo constar que el anterior equipo de gobierno había suministrado agua contaminada a sabiendas" a los vecinos de Loreto es "deshonrosa" e "ilegítima en su misma formulación, publicación y divulgación por cuanto es también absolutamente falsa", por lo que "la alarma social generada por semejantes publicaciones ha constituido una intensa y abusiva campaña de desprestigio" contra los demandantes.

VALORACIÓN POLÍTICA

El portavoz de Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha manifestado que la querella persigue "que no quede impune un delito que alguien que ostenta el cargo de alcalde ni puede ni debe cometer".

En este sentido, ha añadido que si el alcalde y el resto de querellados piensan que es posible realizar tal acusación y "quedarse tan tranquilos" es que "tienen un concepto muy extraño de la justicia y la honestidad".

Romaní ha apuntado que "ya dijimos que actuaríamos con toda tranquilidad pero con contundencia. Lo advertimos la misma semana que conocimos esta grave acusación", agregando que es "lo más miserable que he visto en la vida pública en toda mi vida, y por supuesto no vamos a permitirlo".

Finalmente, ha señalado que el alcalde "tenía que haber dimitido en marzo por la gravedad de su delito, tras destituir a su asesor y al teniente de alcalde", sentenciando que "si no es capaz de entender la seriedad de este asunto, esperamos que la justicia le abra los ojos".

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