"No sabemos mucho más", ha añadido el consejero de la Presidencia quien momentos antes sí ha pedido explicaciones al portavoz del PSOE en las Cortes y secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, por un asunto que "le compete directamente", tras la decisión del juez del caso de los ERE de sentar en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Como le gusta tanto hablar tanto de corrupción", ha ironizado.

De Santiago-Juárez ha realizado estas declaraciones tras la aprobación en el Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley por el que se regula el Estatuto del Alto Cargo de la Administración con el objetivo de contribuir a la regeneración democrática e impulsar una mayor eficiencia, austeridad y un aumento del control de la actividad de los responsables públicos, una "novedosa" y "valiente" norma que, según ha asegurado, de haber existido en la comunidad andaluza hubiera impedido lo ocurrido en esa Región "y mucho más".

El consejero de la Presidencia ha ido más allá para abogar por una norma similar a la que se tramitará desde este mismo jueves en las Cortes de Castilla y León en el resto de las comunidades autónomas y ha pedido también al próximo Gobierno que salga de las urnas tras el 26 de junio que ponga en marcha otra ley de las características de la castellanoleonesa.

Entre las principales novedades de la futura norma, "la más valiente" a nivel nacional, según ha reivindicado De Santiago-Juárez, destaca la imposibilidad de que pueda ser alto cargo una persona que haya sido condenada por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración Pública. Tampoco podrá serlo quien haya sido sancionado con el cese por infracción administrativa cometida en el ejercicio de sus funciones.

Según sus cálculos, el Proyecto de Ley, que se ha acelerado respecto a los planes iniciales del presidente de la Junta -anunció el anteproyecto antes del 30 de junio-, entrará "pronto en vigor" y podría ser una realidad en el mes de octubre.

De Santiago-Juárez ha apostado por el apoyo de todos los grupos a esta nueva norma ante la necesidad de profundizar en la "necesaria" regeneración democrática que reclaman los ciudadanos y donde, según ha asegurado, la Junta no pone líneas rojas para poder sacar adelante la ley que busca también contribuir a una sociedad más participativa para acercar las decisiones políticas a los ciudadanos.

OCHO AÑOS EN UN PUESTO

La limitación temporal del desempeño de la presidencia de la Junta de Castilla y León y de las instituciones propias queda regulada de modo que no podrá proponerse para tal cargo a quien ya lo hubiera ejercido ocho años. Asimismo, se limita que una persona pueda ser titular de una misma consejería del Gobierno autonómico más de ocho años, normas que no se aplicarán durante la presente legislatura.

Como novedad, los secretarios generales y los directores generales deberán ser nombrados con carácter general entre empleados públicos, preferentemente funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, del Estado, del resto de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1.

No obstante, se podrá nombrar de forma excepcional a quienes no ostenten la condición de empleados públicos en atención a las razones derivadas de las funciones del órgano o de los especiales méritos del candidato, motivados en la propuesta del nombramiento.

Por otro lado, se regula la obligatoriedad de un Código Ético y de Austeridad para los altos cargos de la Administración de la Comunidad que, entre otros documentos, deberán presentar un certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el que conste que están al corriente de sus obligaciones fiscales.

En la elaboración de ese Código participarán las Cortes, a través del debate y las propuestas de resolución que se debatan en la Comunicación de la propuesta que elabore la Comisión de Ética Pública. Asimismo, se exige que cada una de las instituciones propias cuente con su propio Código Ético que deberán aprobar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

También se regulan por primera vez las limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades privadas tras el cese, "completando y ampliando el régimen previsto en el Código Ético y de Austeridad".

En el caso de los denominados conflictos de intereses, destaca que los altos cargos no podrán participar en aquellos asuntos y procedimientos en los que existan conflictos de intereses que puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la debida imparcialidad o independencia.

En cuanto a las limitaciones derivadas por los ceses, durante los dos años siguientes al cese o despido los altos cargos no podrán prestar servicios para entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hubieran sido afectadas por decisiones en las que hubieran participado individual y directamente.

Se regulará también por primera vez un régimen de infracciones cuyas sanciones serán aplicables a los altos cargos por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones que irán desde el apercibimiento hasta el cese y la imposibilidad de ser alto cargo den un periodo de entre cinco y diez años.

En una de las partes del Proyecto de Ley se detallan algunos aspectos introducidos con el propósito de aproximar a los castellanoleoneses las decisiones políticas. Para ello, se modifica la Ley de Gobierno para regular los Consejos de Dirección de las consejerías, con la exigencia de que periódicamente se celebren fuera de su sede -el consejero ha anunciado una segunda ronda en breve-, abiertos a los medios de comunicación y con un tiempo reservdo para sugerencias y propuestas de los ciudadanos.

FACILIDADES PARA ILP

La iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad también registra cambios ya que se rebaja la exigencia del porcentaje del censo electoral cuyas firmas se exigen para presentar la iniciativa (reducción del 1 por ciento al 0,75 por ciento del censo -unas 15.000) y se permite que una persona -en representación de la comisión promotora- participe no sólo presentando la proposición en el pleno de las Cortes de Castilla y León, "sino también en los debates en comisión y en pleno".

Además se regula una Comisión de Ética Pública en la que participarán además de miembros de la Administración, tres expertos designados entre catedráticos y profesores del ámbito del derecho, otra de las novedades de la futura norma. Esta Comisión deberá elaborar la propuesta de Código Ético y de Austeridad y, además, deberá incoar y resolver los expedientes sancionadores que se tramiten a los altos cargos.

Otra de las principales novedades del Proyecto de Ley es que los titulares de cada una de las consejerías de la Junta de Castilla y León tendrán que comparecer en las Cortes regionales una vez finalizado el segundo año de cada legislatura para informar en la correspondiente comisión permanente del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento a modo de "minidebate" de política general.