Aunque, tal y como asegura el presidente no se hizo pago alguno, "está claro que la intención del Ejecutivo popular era realizar esa campaña de imagen, pagada con dinero público, en un episodio más de la enquistada corrupción que gangrena al Partido Popular en España en general y en la Región de Murcia en particular, a través de los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias".

Una cosa, añade el comunicado de EQUO, "es el delito penal y otra la responsabilidad política y nada ética de intentar realizar este tipo de maniobras aprovechándose del dinero público para fines partidistas y personales del presidente".

EQUO RM exige igualmente la dimisión de la senadora y ex-alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, por su implicación con la trama Púnica. En su caso, indica haciendo mención al informe de la UCO, "se trataría de una supuesta campaña de publicidad institucional del Ayuntamiento de Cartagena, que encubría la contratación de una periodista para la difusión de noticias favorables a Barreiro".