El Ayuntamiento de Valladolid, por boca de su concejal de Servicios Sociales, Rafaela Romero, ha acusado hoy a la Junta de incumplir la Ley de Dependencia debido a que la financiación aportada para la ayuda a domicilio no cubre el 90 por ciento comprometido, circunstancia que ha llevado a la edil a reclamar a la Administración regional otros 300.000 euros más con el fin de cubrir el coste de un servicio que atiende anualmente a un total de 2.671 dependientes.

"Está incumpliendo la Ley de Dependencia, pero eso no es ninguna novedad", ha advertido Romero, quien recuerda que el compromiso asumido por ambas administraciones era que la Junta aportaba el 90 por ciento y el Ayuntamiento el 10 por ciento restante, si bien la realidad es que en el primer caso el porcentaje no supera el 81,56 (4.747.079 euros) y ello ha obligado a la institución local ha elevar el suyo al 18,44, al destinar a tal cometido 1.072.920 euros.

El desfase porcentual de lo prometido por la Junta y lo realmente ejecutado ha llevado a la concejal del ramo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertir de la dificultad de atender un servicio que atiende a un total de 2.671 dependientes, con 119 altas y 63 bajas mensualmente, y que de continuar incrementando la demanda-desde junio de 2014 se han incorporado los de grado 1 o dependencia más leve-precisará de un total de 650.000 euros para cuadrar las cuentas y llegar a final de año.

EL AYUNTAMIENTO OFRECE OTROS 340.000 EUROS

Si en la actualidad el presupuesto con que se cuenta no supera los 5.480.000 euros, la concejal responsable de Servicios Sociales demanda una aportación complementaria de otros 650.000 euros, con la particularidad de que el Ayuntamiento está dispuesto a sufragar otros 340.000 pero necesita de otros 300.000 que reclama a la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

"Se lo hemos pedido pero nos dicen que no es posible, que para eso está la prestación vinculada, pero ese es precisamente el modelo que no queremos porque nosotros defendemos un servicio público", explica Rafaela Romero, quien se justifica en que la ayuda vinculada a través de la empresa privada "retrasa la prestación del servicio, que ahora no llega a cuatro meses desde la petición inicial; pueda resultar más cara, e impide un mayor control público".

La concejal ha subrayado la importancia de este servicio que en el primer trimestre del presente año ha visto incrementada la demanda de usuarios en 358, pasando así de 43.999 a 48.163.