Asimismo, se han reunido con alcaldes de la provincia para transmitirles información acerca de las medidas que, en materia de vivienda, está desarrollando la administración autonómica, anunciando en este contexto Antonio Ruiz la intención de la Diputación de sumarse al convenio firmado entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía, que permitirá coordinar iniciativas en materia de vivienda "orientadas a las familias que más lo necesitan".

El presidente de la institución provincial ha recordado que "esta Diputación ha puesto en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaría para ayudar a familias que tienen dificultades para afrontar los pagos de su hipoteca", y ha añadido que "se han implementado planes como el Plan de Adecuación Funcional de la Vivienda, dotado con 600.000 euros, y se está trabajando en un proyecto destinado a microrreformas y que contará con 200.000 euros de presupuesto".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en el "asesoramiento técnico que desde estas instituciones damos a los municipios menores de 20.000 habitantes y que en esta ocasión se va a enfocar hacia la elaboración de los planes municipales de vivienda".

Por su parte, el consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha informado sobre el contenido del convenio suscrito entre el Gobierno andaluz, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la FAMP con la finalidad de luchar contra los desahucios.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Asimismo, López ha pedido a los responsables de los Ayuntamientos que se sumen a esta iniciativa, destinada a "evitar este drama social y a mitigar sus más graves consecuencias a través de la coordinación entre los juzgados y los servicios sociales y recursos públicos de las administraciones locales y autonómica".

Dicho acuerdo permite "responder de la forma más ágil posible a las personas que se ven en situación de desahucio, de manera que una vez saltada la primera alarma haya información que nos permita reaccionar a tiempo para impedir que una persona acabe perdiendo su vivienda".

Con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las familias con menores ingresos económicos, el consejero ha detallado las líneas recogidas en el Plan de Vivienda y dirigidas a fomentar la rehabilitación, especialmente en materia de mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad, donde se ha referido expresamente a "la necesidad de facilitar la instalación de ascensores", una labor donde "es necesaria la participación de las administraciones locales".

Según el consejero, "de esta forma las comunidades de vecinos con menos recursos y que no pueden afrontar la financiación correspondiente puedan contar con este apoyo para ejecutar esta mejora en la accesibilidad a sus viviendas". Además ,ha añadido que se puede emplear "un criterio de geometría variable en la aportación de estos recursos en función de la situación económica de los vecinos, complementando los ayuntamientos y Diputación el dinero que reste para alcanzar el pago del cien por ciento de la obra".

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Otra de líneas a las que se ha referido ha sido la rehabilitación energética de edificios, dirigida a viviendas que fueron construidas con anterioridad a 1981 y donde, según ha explicado, "es necesario actuar para reducir el consumo energético y mejorar la economía de las familias".

López ha pedido a los alcaldes que se sumen a la iniciativa de rebajar en un 95 por ciento en el pago del Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas públicas, "ya que beneficiarán a personas con escasos recursos que incluso pagan más por el pago de este tributo que por el alquiler de sus viviendas", y ha señalado que "se hace necesaria una cooperación que haga posible que vayamos más allá de la responsabilidad que tenemos como institución para que podamos trabajar conjuntamente y poner sobre la mesa medidas que sean realmente útiles".

"Éstas y otras líneas de acción se desarrollarán hasta el 2020 con el fin de incrementar la calidad de vivienda de las familias andaluzas", ha puntualizado el consejero, que ha sumado a las herramientas contempladas en el nuevo Plan otras emprendidas por el Gobierno andaluz, como la futura Ley de Retracto de la vivienda, que permitirá a la Administración hacerse con la vivienda de la personas en riesgo de ser expulsadas de la misma, las oficinas del Programa de Defensa de la Vivienda y las diferentes líneas de ayudas a las personas afectadas por desahucios o con escasos recursos.

Al ser preguntado por un desahucio de una vivienda de la Junta ocurrido en el barrio cordobés de Las Palmeras la pasada semana, el consejero ha indicado que "hay que cumplir la legalidad vigente", ya que esta "es la garantía de que los más vulnerables tienen posibilidades de acceder a los derechos que les corresponde", y ha añadido que "la ocupación ilegal no es un procedimiento" por lo que "abrimos la posibilidad de que el que tiene derecho, estando en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, ocupe la vivienda que le corresponde".