27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido como "acertada" la decisión del Ejecutivo regional de no adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha afeado a la oposición incurrir en un "error" por la "simplificación excesiva" en el análisis de esta decisión.

Del Olmo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Economía y Hacienda a petición de PSOE y Podemos para detallar la decisión de la Junta de no acogerse a este fondo creado por el Gobierno en 2012 en un momento de "profunda recesión económica", ante un proceso de "reestructuración bancaria" y de "inestabilidad general en los mercados".

No obstante, la consejera ha defendido que las decisiones adoptadas por la Junta sobre acogerse o no la FLA han sido siempre "reflexivas y acertadas" desde la premisa de buscar la mejor forma de "dar respuesta a los intereses de los castellanos y leoneses". Así, ha defendido la necesidad de analizar multitud de variables financieras a la hora de valorar el impacto de no haber acudido al FLA, tras lo que ha insistido que la "simplificación excesiva" puede acarrear "importantes errores de apreciación".

En este sentido, la consejera ha recordado que uno de los beneficios que hoy se extraen de la decisión de no acogerse al fondo es el hecho de que Castilla y León no esté en este ejercicio obligada a elaborar un plan de ajuste ni a adoptar ningún acuerdo de no disponibilidad de créditos como consecuencia de la desviación en el objetivo de estabilidad de 2015.

Así, ha detallado que haberse acogido al FLA suponía, entre otras cuestiones, una "cesión de autonomía financiera" que da como resultado un reforzamiento de la "tutela" del Estado y la "estigmatización" de las autonomías, al tiempo que ha recordado que este fondo no cubría las necesidades financieras de Castilla y León.

Del Olmo ha aprovechado para aclarar también que el plan de ajuste ligado a la decisión de acogerse en 2012 al mecanismo de pago a proveedores ya ha perdido su vigencia después de que en 2014 se amortizada de forma anticipada la totalidad de la deuda asociada al mismo.

La titular de Hacienda ha defendido además la decisión de optar al Fondo de Facilidad Financiera en 2015, ya que éste no requería ningún tipo de condicionalidad fiscal y sí ventajas "tanto en términos de mayores ingresos como de ahorro en intereses", un ahorro que ha estimado en 20 millones de euros para 2015 y 36 millones para 2016 y 2017.

Sin embargo, la consejera ha recordado que este año la Comunidad no puede acogerse a este fondo dado el incumplimiento del objetivo de déficit a pesar de lo que ha conseguido emitir una deuda en los mercados de 400 millones de euros, el 40 por ciento del endeudamiento presupuestado

-1.042 millones-, a un tipo de interés fijo del 0,7 por ciento el "más bajo" en una transacción de estas características.

Del Olmo ha reseñado así que la estrategia de endeudamiento de la Comunidad para 2016 mantiene la prioridades básicas de anteriores ejercicios, es decir, "minimizar" el coste de financiación desde el mantenimiento de una cartera de la deuda diversificada en cuanto a instrumentos y tipos de interés y "adecuadamente estructurada temporalmente".

"Se pretende cubrir las necesidades de liquidez en el ejercicio de manera gradual sin necesidad de acudir al FLA combinando préstamos con emisiones de deuda, tratando de mantener una presencia activas en los mercados, aprovechando los bajos tipos de interés y la liquidez exisistente ante las medidas de política monetaria expansiva adoptadas por el BCE", ha aseverado.

La consejera ha aprovechado su comparecencia para recordado además que el modelo de financiación autonómica ha evolucionado "mal" por lo que "toca" seguir demandando una financiación "justa" para la Comunidad, "un asunto complejo que va a exigir mucho trabajo y un diálogo intenso".

PÉRDIDA DE 166 MILLONES DE EUROS

Sin embargo, los grupos de la oposición ha insistido en los beneficios que podrían haber supuesto para la Comunidad haber participado en este Fondo de Liquidez Autonómica que, como ha cifrado el procurador socialista José Francisco Martín, ha supuesto la pérdida de 166 millones a la Comunidad dado los bajos tipos de interés del que se beneficiaron las autonomías acogidas frente a Castilla y León que emitió deuda con tipos de más del 5 por ciento.

"No nos hemos beneficiado y hemos hecho los mismos ajustes que las que sí se han beneficiado", ha defendido José Francisco Martín, quien ha insistido en que la decisión de la Junta ha supuesto importante "perjuicios" para la Comunidad.

El procurador socialista ha insistido en que la decisión de acudir al plan de pago a proveedores ya supuso la aplicación de un plan de ajuste a la Comunidad, por lo que, a su juicio, sin más recortes que los ya incluidos la región podría haberse financiado a tipos más beneficiosos que los que se consiguieron en los años de la crisis.

"Hemos sido unos 'pringaos', han sido ustedes unos 'pringaos' por no haber entrado en el FLA, por su culpa hemos perdido mucho dinero", ha lamentado el procurador socialista.

Por su parte, el procurador de Podemos Félix Díez ha respaldado la tesis avanzada por José Francisco Martín. "No entendemos por qué la Comunidad no se acogió cuando los intereses eran mucho mejores", ha insistido, tras lo que ha anunciado que su grupo presentará una iniciativa en las Cortes para impulsar la creación de un grupo de trabajo formado por todas las comunidades para establecer una estrategia común y avanzar en la modificación del Real Decreto sobre medidas de sostenibilidad financiera.

Así, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel también se ha preguntado por qué se tomó esta decisión cuando "buena parte" de las condiciones que se exigían para formar parte del mismo "ya se estaban cumpliendo". "En aquel momento esta decisión fue un mal negocio para Castilla y León", ha aseverado.

Sin embargo, el procurador 'popular' Salvador Cruz ha defendido que de esta decisión de deriva que la solvencia financiera de Castilla y León "está fuera de toda duda", ya que la adhesión al FLA suponía un "estigma" para las autonomías porque suponía un "rescate financiero", además de un Plan de Ajuste a "diez años".