La pena se ha impuesto finalmente, una vez que el Ministerio Fiscal ha rebajado su petición inicial de once meses de prisión a seis meses, lo que ha permitido el acuerdo entre las partes y que el acusado acabara admitiendo su culpabilidad y mostrando su conformidad con la pena finalmente impuesta.

De esta forma, M.F.R. ha reconocido que se hizo pasar por psicólogo y que realizó informes que se le requerían desde la Administración de Justicia, incluido el Instituto de Medicina Legal (IML).

Desde el año 2011 al 2013, a través de la Asociación de Peritos Tasadores de Andalucía, el acusado, ahora ya condenado, estuvo prestando sus servicios a la Administración.

De esta forma, según recoge el informe del Ministerio Fiscal se le encargaba, "la realización de diferentes pericias propias de la condición de psicólogo, como la elaboración de informes de víctimas de violencia sobre la mujer, realizadas en el juzgado de Violencia de Género de Jaén, así como otros informes de contenido psicológico encargados por diferentes juzgados del orden penal y civil de la provincia de Jaén".

Posteriormente, M.F.R., que se presentaba como psicólogo e incluso como doctor en psicología suscribía dichos informes y acudía a los juicios donde se pronunciaba, o ratificaba en el contenido de los mismos. Según el fiscal, se daba la circunstancia de que M.F.R. "ni es licenciado ni graduado en psicología ni es profesional sanitario".

Tras la investigación abierta, una vez que se descubrió su presunto intrusismo, hay constancia de que intervino en procedimientos de Alcalá la Real, Linares, Villacarrillo, Martos, Andújar, y Cazorla. Su firma se descubrió inicialmente en 48 expedientes judiciales en los que hubo que repetir los informes para seguir con el procedimiento.

Al parecer, el acusado comenzó a trabajar para la Unidad de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal a través de una contrata. Inicialmente comenzó haciendo valoraciones psicológicas en casos civiles de separación con menores de por medio. Más tarde, comenzó a trabajar con expedientes de malos tratos en los que se encargaba de hacer los informes sobre mujeres víctimas de violencia de género.

De hecho, en la causa estaba personada como acusación particular la Junta de Andalucía. El Colegio Oficial de Psicólogos intentó presentarse como acusación particular pero no lo hizo en plazo y quedó fuera de la causa.

Ni M.F.R., ni su abogado defensor, han querido hacer declaraciones tras la vista celebrada y que no ha durado más de cinco minutos ya que el acusado se ha limitado a reconocer su culpabilidad y a mostrar su conformidad con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal.