El gerente y el director administrativo de la Fundación Privada Maresme han aceptado hoy una pena inferior a dos años de cárcel tras admitir en la Audiencia de Barcelona que se habían apropiado de más de 500.000 euros destinados a fines benéficos entre 1997 y 2000.

Esta fundación atiende las necesidades educativas formativas y sociosanitarias de los discapacitados físicos y psíquicos de esta comarca barcelonesa.

Contrataron a sus esposas para un trabajo que nunca hicieron y les pagaron 36.000 euros
Juan Gabriel M.C. y Antonio Miguel T.R. contrataron aparentemente a sus respectivas esposas Maria Pilar T.R. y Maria Teresa F.V.M. para un trabajo que no llegaron a hacer pero por el que cobraron sueldos por valor de 35.581 euros.

Facturas falsas 

También emitieron facturas a nombre de empresas inexistentes o inoperantes, haciendo que la fundación las pagase con cheques al portados que ellos mismos cobraban.

Los acusados compraron a nombre de la fundación televisores, vídeos, videocámaras, electrodomésticos y material electrónico que destinaron a sus domicilios particulares además de reparar sus vehículos varias veces y encargar trabajos para arreglar el jardín de uno de ellos, cargando los gastos a la fundación.

Les pedían 11 años de cárcel pero tras reconocer los hechos no entrarán en prisión
Otra de las actuaciones irregulares consistió en apropiarse del dinero de las cuentas de la fundación o simular una factura por unas obras realizadas por una empresa propiedad del padre de Antonio Miguel T.R. en la que incrementaron el valor de los trabajos, llegando a emitir talones por valor de 248.961 euros.

Les pedían 11 años de cárcel 

La Fiscalia solicitaba inicialmente 11 años de cárcel y una multa de 72.000 euros para los dos directivos por un delito de apropiación indebida y otra de falsedad de documento mercantil.

Para sus esposas, también procesadas, la acusación pública pedía cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros.

La acusación particular, ejercida por la fundación, se retiró del proceso tras ser indemnizada por los acusados.

La vista no se ha llegado a celebrar al reconocer los acusados los hechos y los acusados se han conformado con la pena, que no implica su ingreso en prisión.