Dos directivos de una fundación benéfica del Maresme se quedaron más de medio millón

  • Cometieron las irregularidades entre 1997 y 2000.
  • La fundación se dedica a las personas con problemas físicos y psíquicos.
  • Se apropiaron de fondos de la fundación para uso personal.

El gerente y el director administrativo de la Fundación Privada Maresme han aceptado hoy una pena inferior a dos años de cárcel tras admitir en la Audiencia de Barcelona que se habían apropiado de más de 500.000 euros destinados a fines benéficos entre 1997 y 2000.

Esta fundación atiende las necesidades educativas formativas y sociosanitarias de los discapacitados físicos y psíquicos de esta comarca barcelonesa.

Juan Gabriel M.C. y Antonio Miguel T.R. contrataron aparentemente a sus respectivas esposas Maria Pilar T.R. y Maria Teresa F.V.M. para un trabajo que no llegaron a hacer pero por el que cobraron sueldos por valor de 35.581 euros.

Facturas falsas

También emitieron facturas a nombre de empresas inexistentes o inoperantes, haciendo que la fundación las pagase con cheques al portados que ellos mismos cobraban.

Los acusados compraron a nombre de la fundación televisores, vídeos, videocámaras, electrodomésticos y material electrónico que destinaron a sus domicilios particulares además de reparar sus vehículos varias veces y encargar trabajos para arreglar el jardín de uno de ellos, cargando los gastos a la fundación.

Otra de las actuaciones irregulares consistió en apropiarse del dinero de las cuentas de la fundación o simular una factura por unas obras realizadas por una empresa propiedad del padre de Antonio Miguel T.R. en la que incrementaron el valor de los trabajos, llegando a emitir talones por valor de 248.961 euros.

Les pedían 11 años de cárcel

La Fiscalia solicitaba inicialmente 11 años de cárcel y una multa de 72.000 euros para los dos directivos por un delito de apropiación indebida y otra de falsedad de documento mercantil.

Para sus esposas, también procesadas, la acusación pública pedía cinco años de cárcel y una multa de 36.000 euros.

La acusación particular, ejercida por la fundación, se retiró del proceso tras ser indemnizada por los acusados.

La vista no se ha llegado a celebrar al reconocer los acusados los hechos y los acusados se han conformado con la pena, que no implica su ingreso en prisión.

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