"Hay 17 salas de TSJ, ninguna tan beligerante como la de Cantabria", ha dicho Vilela en el acto en defensa de los terceros de buena fe que AMA ha celebrado este sábado en el Ayuntamiento de Santoña, en un acto repleto de familias afectadas por sentencias de derribo en Cantabria.

Durante su intervención, el presidente de AMA ha pedido a las instituciones protección para las familias, que "no sean de cristal, invisibles para la Justicia".

En el acto han participado el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra; el senador del PP y exconsejero de Urbanismo, Javier Fernández; los directores generales de Medio Ambiente, Miguel Angel Palacio, y Urbanismo, Francisco González; las diputadas nacionales Puerto Gallego (PSOE) y Ana Madrazo (PP); el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez; y los alcaldes de Argoños, Escalante y Piélagos, así como el primer teniente de alcalde de Arnuero, entre otros.

En el acto se ha reivindicado la importancia del artículo 108.3 de la LRJCA (Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) para proteger al tercero de bueno fe, cuyo germen fue la reforma de la ley del suelo aprobada por el Parlamento de Cantabria en 2011 y posteriormente anulada por el Constitucional tras el recurso promovido por el TSJC, igual que ocurrió posteriormente con las autorizaciones provisionales.

"Nos cuesta creer que unas simples familias como nosotros detectamos tan importantes lagunas legislativas y la Justicia no haya hecho nada en los último 20 años; cada vez que hemos intentado una solución desde la Justicia en Cantabria se nos han puesto todos los problemas posibles", ha lamentado Vilela.

Asimismo, ha afirmado que defenderán el 108.3 de la LJCA por toda España, explicando cómo ese artículo es una garantía para todos los ciudadanos ante acciones ilícitas de las administraciones públicas y una garantía para el urbanismo sobre todo en la compra de una vivienda.

FALTA DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Desde Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento se ha mostrado "sorprendido por la falta de responsabilidades políticas de todos aquellos dirigentes municipales y autonómicos que permitieron la construcción de viviendas en Escalante, Argoños, Piélagos y Arnuero y que hoy cuenta con sentencia de demolición.

Asimismo, a Rubén Gómez le llama la atención que después de más de 25 años desde que se dictase la sentencia de derribo de los 144 apartamentos de La Arena, en Isla (Arnuero) "no se haya logrado una solución al problema de los vecinos afectados y que además son inocentes en todo momento".